La flamante sede central del Partido Popular de Granada, en el edificio recién construido por García Arrabal en el Zaidín, resulta hoy muy cara para una organización política cuya situación económica está en horas bajas. La merma por la pérdida del gobierno de las dos principales instituciones de la provincia ha llevado a sus dirigentes actuales a plantearse un posible traslado a otras instalaciones menos costosas.

Aunque se trata de una decisión aparcada, a la espera de que quede resuelta la votación para elegir a los que dirigirán el partido en los próximos años, los actuales responsables son conscientes de que la situación económica de la organización obligará al nuevo o renovado presidente a adoptar una medida concreta.

A partir de julio de 2015 la gerencia comenzó a advertir del enorme coste del alquiler

El local ocupado actualmente por el PP provincial en el edificio Be Suites (antiguo Progreso), tiene 1.343 metros cuadrados, distribuidos entre el bajo y la primera planta, y 300 metros de garaje. Su precio de alquiler total es de más de 11.000 euros, distribuidos en dos conceptos diferentes que corresponden a sendos contratos de 8.000 y 3.018 euros. El primero, firmado por el actual presidente, Sebastián Pérez, es del alquiler del local; y el segundo, suscrito por el gerente del PP, corresponde a un arrendamiento de bienes muebles. Ambos documentos suscritos por el constructor Roberto García Arrabal, como representante de la sociedad que más tarde vendió (Inversiones Área Sur SL), se firmaron el mismo día 27 de mayo de 2013 y entraban en vigor en junio de ese mismo año. No obstante, la ubicación de la sede del partido en esos locales es algo que estaba previsto desde los años anteriores, durante la construcción del edificio, como queda reflejado en la documentación que la Policía requisó en las oficinas del promotor durante la Operación Nazarí. Incluso se hallaron borradores de ese contrato de alquiler de un año antes, en los que se reflejaba un precio más elevado y casi 200 metros menos de local disponibles.

Eran otros tiempos. El PP había pasado a gobernar en 75 ayuntamientos, frente a los 30 de 2003, incrementó sus afiliados desde 14.0000 a 25.000, consiguió en 2011 el gobierno de la Diputación Provincial (que presidía el propio Sebastián Pérez) y había renovado por tercera vez consecutiva la arrolladora mayoría absoluta de Torres Hurtado en el Ayuntamiento de la capital. Las sensaciones eran de entusiasmo y lo acompañaba una bonanza económica interna, a pesar de la crisis general. Sólo había fallado el enésimo intento que el partido regional tuvo de acceder a la presidencia de la Junta de Andalucía, con las ventajas que habrían rebotado al PP provincial.

En junio de 2013 el partido puso la guinda a esta buena coyuntura en Granada con la inauguración de unas nuevas instalaciones, símbolo de poderío, en el barrio que siempre fue feudo socialista. Todo ello después de pasar más de 20 años en sedes del centro de la capital con espacios muy reducidos y aspecto mucho más modesto. Al acto inaugural, con más de 200 asistentes, acudió el actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y en (al menos) aparente unidad se felicitaban tanto el presidente Pérez como el entonces alcalde José Torres Hurtado.

Pero la situación empezó a cambiar cuando la 'pobreza' entró por la puerta y los abrazos se esfumaron por la ventana. 2015 fue el punto de inflexión. Las elecciones municipales fueron el primer varapalo para el partido, que perdió el gobierno provincial. Pero al mismo tiempo comenzó una investigación en Fiscalía, que después pasó al Juzgado, y explosionó el 13 de abril de 2016 con la Operación Nazarí, en la que resultaron detenidos el entonces alcalde, su edil de Urbanismo, algunos de los principales cargos de confianza 'populares' en el Ayuntamiento y tres de los constructores más importantes de la ciudad, incluido el propietario de la sede del partido, García Arrabal, y el cuñado del tesorero del PP, Enrique Legerén.

La agrupación política no sólo perdió a raíz de ese día un bastión tan importante como el Ayuntamiento de la capital, sino que comenzó la visualización pública de su guerra interna. Torres Hurtado dimitió, pero su condición fue que Sebastián Pérez le acompañara en la caída, por lo que el presidente del partido no pudo aferrarse a su acta de edil municipal para tratar de mantener el sillón en el despacho de la Mariana.

Desde entonces el clima interno no ha hecho más que enrarecerse día a día, sobre todo en los últimos meses previos al congreso provincial, en los que se ha desatado una auténtica guerra abierta y sucia entre las dos facciones claramente diferenciadas y enfrentadas: los de Sebastián y los de Juan García Montero (que coinciden con los que antes apoyaban a Torres Hurtado).

En cuanto a su delicada situación económica generada por todos estos acontecimientos (pérdida de poder institucional y crisis orgánica), según documentación interna del PP a la que ha tenido acceso Granada Hoy, desde julio de 2015 la Gerencia ya advertía a los responsables orgánicos que había que "replantearse" el alquiler de la sede provincial en el edificio Be Suites "debido a lo elevado del mismo".

Hay que tener en cuenta que el gasto total del arrendamiento de estas instalaciones era de 132.216 euros anuales. Cuando este próximo junio se cumplan los cuatro años del contrato, el PP habrá pagado o contraído una deuda de 528.864 euros.

Los documentos de alquiler firmados con García Arrabal en 2013 tenían además una particularidad que habrán de sopesar los próximos dirigentes del partido. Tienen opción de compra. Según lo pactado en su día con Arrabal, a partir de los 5 años de alquiler, el partido podría quedarse con la propiedad del inmueble por 2 millones de euros, aunque se descontaría todo lo pagado en arrendamiento del local hasta esa fecha, que sería casi una cuarta parte del precio. Probablemente era la hoja de ruta prevista entonces, aunque frustrada por los acontecimientos posteriores.

El otro contrato, el de alquiler de los bienes muebles, tenía un evidente destino de adquisición, pues se fijó una duración de 10 años y al cabo de los mismos se habrían pagado con creces los 260.000 euros estipulados para la opción de compra.

Hay otra cuestión añadida en el mantenimiento o no de la sede, que varios miembros del PP reconocen en privado, y es la situación de judicialización en la que se encuentra el edificio al completo. El Juzgado de Instrucción 2 de la capital, que investiga la supuesta trama de corrupción urbanística durante los mandatos de Torres Hurtado (caso Nazarí), tiene ocho grandes expedientes en el punto de mira y uno de ellos es el edificio Be Suites donde está la sede del PP. Según ha investigado la Policía Judicial, en su construcción el Ayuntamiento habría permitido a García Arrabal unos irregulares cambios de usos (era entero para oficinas y se convirtió en residencial) en el inmueble y en los garajes (que afectan a la sede del Colegio de Médicos).

El PP provincial ha tratado de alejarse públicamente de la sombra de este caso y de la gestión de Torres Hurtado, como lo demuestra su expulsión casi inmediata. La ubicación de sus oficinas en un edificio cuya legalidad está en tela de juicio y cuyo arrendador está siendo investigado por posible connivencia con políticos y funcionarios, es una patata caliente que tendrá que abrir el próximo presidente provincial del PP.