Un mar con gran cantidad de recursos disponibles, gratis, a la mano de cualquiera, supone una auténtica tentación, aunque esté al margen de la ley, más en los tiempos que corren. Desde que la crisis se instaló, las autoridades han detectado una proliferación de casos de pesca ilegal, lo que supone que una serie de personas que no están autorizadas practican un arte de pesca para el que no están autorizadas. De esta manera, no sólo no tienen en cuenta las precauciones habituales en cuanto a seguridad y medioambientales, sino que suponen un perjuicio para los pescadores que cumplen religiosamente con los requisitos legales y con sus impuestos.

En el caso de la Costa de Granada, según informa la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha habido en lo que va de año 58 expedientes abiertos por pesca ilegal, tanto por parte del propio Servicio de Inspección Pesquero de la Junta de Andalucía como por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el número de inspecciones es mucho más elevado, que en muchos casos terminan con la comprobación de que todo está en regla.

En el caso de actuaciones ilícitas, entre la casuística se encuentra la venta de inmaduros, la falta de licencia reglamentaria, o la pesca en zona no permitida. Las sanciones que pueden desencadenar estos comportamientos van desde las leves, que se encuentran entre los 30 y los 300 euros, pasando por las graves, desde los 301 a los 3.000, hasta las muy graves, desde los 3.001 hasta los 60.000. En el primer caso, están relacionadas con cuestiones administrativas, como falta de documentación o licencias. En el segundo, con la práctica pesquera, como utilizar artes de pesca ilegales o faenar en fondos prohibidos. Y la máxima pena tiene en cuenta estos mismos supuestos, pero con reiteración.

Según comenta el sargento del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Ángel Mene, que se conoce al dedillo la Costa Tropical, los casos de pesca ilegal están localizados en "cinco o seis familias de la zona" que tienen identificadas perfectamente. Su habitualidad tiene base en que -aunque les sigan abriendo expedientes- les continúa siendo rentable que les quiten las redes o que les impongan multas, ya que es más rentable lo que sacan comercializando el pescado. Incluso algunos los venden ellos directamente al público preparado.

En cuanto al caso reciente de una persona que murió ahogada en Almuñécar, y que en principio trascendió que la causa pudo haber sido por enredarse el cuerpo en un trasmallo, la Guardia Civil quiere lanzar un mensaje de tranquilidad, puesto que dedican buena parte de sus esfuerzos a localizar dichos artes ilegales y neutralizarlos. De hecho, según explica Mene, un trasmallo no es un arte ilegal, lo que sí requiere la ley es que la persona que lo cale esté debidamente autorizada y que lo señalice reglamentariamente para que no suponga un peligro para los bañistas o submarinistas.

En el caso de Almuñécar, aunque el caso se encuentra ahora pendiente de lo que dictamine la autoridad judicial a la vista de la investigación, según ha podido saber Granada Hoy a través de fuentes extraoficiales, todo apunta de momento a que el fallecimiento se produjo antes de acercarse a la mencionada red.