"Uno de los problemas más graves en los procesos judiciales en España es que muchas veces tiene que aplicarse un derecho extranjero. Cuando esto sucede, surge el problema de la prueba del 'derecho extranjero'. Al no tener una solución legislativa clara, en numerosas ocasiones se tiene que forzar, a través de estrategias procesales fraudulentas por parte de los abogados, que se termine aplicando el derecho español, produciéndose una gran distorsión del sistema. Hay que poner de relieve que existen criterios de implementación en nuestro propio sistema para poner fin a estas prácticas fraudulentas y hacer que cuando la norma de conflicto determine la aplicación de un derecho extranjero, este se aplique y así se produzca esa calidad de justicia que se espera que deba de tener el proceso en España. Muchas veces el que se termine aplicando un derecho extranjero viene porque la conexión que se emplea es la de la nacionalidad. Al tener muchos nacionales de otros estados, sucede que el proceso sobre la cuestión que se plantea tendrá que regirse por el derecho extranjero, si no se cumple ese mandato de la norma de conflicto, estamos haciendo que el derecho no sea igual para todos los ciudadanos".