El 18 de agosto del año 2000, la motrileña María Teresa Fernández, que entonces tenía 18 años, fue vista por última vez en un semáforo junto al Cerro de la Virgen, lugar donde había quedado con unos amigos para desplazarse hasta el recinto ferial de Motril donde con motivo de las fiestas patronales iba a ver un concierto, que nunca llegó a presenciar.

Este fue uno de los casos más mediáticos de desaparición que hubo en la provincia, pero junto a María Teresa, a día de hoy hay 267 personas más que aún no han sido encontradas en Granada. Esta cifra, de la que 221 desapariciones corresponden a menores, coloca a la provincia como la segunda de Andalucía con más personas desaparecidas, tan solo por detrás de Cádiz que cuenta con 588. Pero ¿por qué unas desapariciones salen en las noticias y otras no? Y cuando salen, ¿cómo deben tratar los medios la información para ayudar a encontrar a esa persona?

La ausencia de una legislación que regule cómo se debe tratar una información -tan solo está regulada por el artículo 20 de la Constitución Española pero no se profundiza sobre qué aspectos o no se deben publicar-, sobre todo en casos de desapariciones, ha propiciado que el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y la Fundación Europea de Personas Desaparecidas QSD Global, elaboren la 'Guía de Buenas Prácticas para el Tratamiento Informativo de las Desapariciones', que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, que ayer fue presentada en Granada.

Este documento, cuyo protocolo de actuación se firmó el pasado 21 de febrero, contiene una serie de recomendaciones que se dirigen a periodistas y profesionales de los medios de comunicación, para que aborden con responsabilidad y rigor las informaciones sobre estos casos, los cuales normalmente causan un gran impacto social y emocional.

Se trata de una iniciativa pionera en España para que los medios "que juegan un papel muy importante y fundamental en las desapariciones, al igual que las redes sociales", tal y como indicó la delegada de la Junta, Sandra García, "informen pero salvaguardando los derechos de la familia y el del honor, de tal manera que se de una información muy responsable para que no derive en un espectáculo".

El presidente de QSD Global, Francisco Lobatón, indicó que "la guía se resume en dos mandamientos": en primer lugar, que cuando una persona desaparece no desaparecen sus derechos, por lo que hay que respetarlos; en segundo, que las familias que sufren una desaparición merecen un respeto ante el dolor que sufren, por lo que hay que tener cuidado a la hora de publicar, para que la noticia no suponga un dolor añadido.

Asimismo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental ya que la difusión de la noticia y de datos relevantes puede contribuir a que la ciudadanía ofrezca pistas que puedan ayudar a que algunos casos se esclarezcan, por ello, todos deben ser tratados por igual y lo que debe priorizar, según indica esta guía, es "encontrar a la persona".

Por este motivo, recomienda que a veces es importante encontrar un equilibrio entre el interés general y los derechos particulares de los desaparecidos, para lo que "retener información que puede poner en riesgo una investigación o vulnerar derechos es una virtud profesional", según indicó Eduardo Castro.

A la presentación, también asistieron María Jesús Sáenz y Ana Herrero, madres de Sabino Llona -bilbaíno desaparecido en Florida en 2004- y de Borja Lázaro -desaparecido en Colombia en 2014-, quienes explicaron en primera persona cómo las familias viven esta situación. De este modo, reivindicaron más implicación de los medios para avanzar en la búsqueda, ya que según indicó Sáenz "la verdadera desaparición es la ignorancia del hecho", además de pedir un trato igualitario y "más respaldo institucional" en el caso de desapariciones en el extranjero.