El juez declara nula la causa contra el ex secretario de la organización COAG

El Juzgado de lo Penal 1 de Motril ha declarado la nulidad de las actuaciones contra el ex secretario provincial de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Emilio Rodríguez, que está acusado de quedarse con las subvenciones concedidas a la organización agraria, después de que la Abogacía del Estado pidiera personarse en la causa. Así, el caso ha sido ya devuelto al Juzgado que se encargó de la investigación de los hechos, el de Instrucción 5 de Motril, para que se reinicie todo el proceso.

En un auto de fecha 7 de abril, el Juzgado de lo Penal atiende la petición de la Abogacía del Estado -que se quejó de que durante la instrucción no se le hubiera dado la oportunidad de que formulase acusación contra Rodríguez- pidiendo al de Instrucción que subsane lo ocurrido, según informaron fuentes judiciales. De esta manera y, una vez que el Estado haga su petición de pena, ya podrá fijarse fecha para la celebración del juicio, que estaba previsto para el pasado 10 de marzo y que tuvo que ser suspendido por este defecto procesal.

La Fiscalía de Granada acusa al ex secretario provincial de COAG de un delito contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, otro continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y estafa al haber supuestamente destinado las cantidades otorgadas por las administraciones pública a sus gastos particulares y los de su esposa. Rodríguez, que desempeñó el cargo de secretario provincial de COAG desde 1994 y hasta 2008 -en que dimitió "por motivos personales"- se enfrenta a una pena de seis años y un mes de prisión y multa de 500.000 euros.

Además, el Ministerio Público acusa también a la que fuera su secretaria, de iniciales M.D.F.G., que se enfrenta a un total de cuatro años y medio de cárcel y la misma multa que el anterior, y a un empresario, identificado como A.M.G.N., por "inventarse facturas" de adquisiciones no producidas de material didáctico para la aparente realización de cursos formativos, para el que se solicita dos años de prisión y multa de 18.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación fiscal, Rodríguez obtuvo en la gestión de las subvenciones concedidas por las administraciones para la realización de actividades (como cursos de formación, programas o proyectos) un beneficio de hasta más de 80.000 euros, que empleó, entre otras cosas, para el seguro y reparaciones de su vehículo, multas de tráfico, pagos de sus seguros de vida y salud, su seguro agrícola y el de su esposa, su aparato de aire acondicionado o para incrementar su sueldo.

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