Granada

La declaración de Torres Hurtado, clave para imputar a otros 8 concejales del PP

  • Los ediles votaron a favor en la junta de gobierno local para el cambio de uso de la parcela del Serrallo

Torres Hurtado, acompañado de cinco de los ediles que participaron en la junta de gobierno.

Torres Hurtado, acompañado de cinco de los ediles que participaron en la junta de gobierno. / g. h.

La imputación de los ocho concejales que participaron en la junta de gobierno local del 26 de julio de 2012 está en manos del exalcalde, José Torres Hurtado, que declara el próximo 23 de marzo por el caso Serrallo. Tras su testimonio, la jueza María Ángeles Jiménez resolverá si deben declarar como investigados Juan Antonio Mérida, Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés y Vicente Aguilera, los ediles que junto a Torres Hurtado votaron a favor la propuesta de la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, para instalar una discoteca en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con este paso se enjuiciaría a toda una época de la política municipal y a la mayoría de sus protagonistas, lo que a nivel nacional tiene ya precedentes en ayuntamientos como el de Toledo, Orihuela, Los Alcázares (Sevilla) o Suria (Barcelona), que ya han visto en los últimos años cómo el juez imputaba a un equipo de Gobierno.

En 2012, el PP gobernaba en el Ayuntamiento de Granada con una holgada mayoría de 16 concejales y el día a día se gestionaba a través de la junta de gobierno local, que se reúne cada semana para sacar adelante la mayoría de iniciativas. Entre los que no figuraban en este órgano está Sebastián Pérez, que por aquellas fechas era presidente de la Diputación de Granada, además de los concejales Jorge Saavedra, Rocío Díaz, Juan Francisco Gutiérrez, Antonio Granados y Eduardo Caracuel, que entró en el Gobierno municipal después de que Marifrán Carazo pusiera rumbo al Parlamento de Andalucía.

Sebastián Pérez, por entonces presidente de la Diputación, no tomó parte en las votaciones

Este paso responde a la petición del abogado de VOX, Jorge Fernández, que pidió que los concejales que participaron en la junta de gobierno local prestasen declaración como investigados, lo que llevaría a los juzgados a seis concejales del PP en la actualidad -Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés - y a dos ediles que no fueron elegidos en las elecciones de 2015 -Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera-.

El exregidor testificará en relación a cinco presuntos delitos de ordenación del territorio, prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. Estos cargos se fundamentan en los nuevos indicios aportados en el transcurso de la operación Nazarí por el exconcejal de Urbanismo, Luis Gerardo García Royo, que aseguró en su declaración, que ahora se incorpora al caso Serrallo, que Torres Hurtado y Manuel Lorente eran los muñidoresdel urbanismo en Granada.

Baldomero Oliver, portavoz del equipo de Gobierno, recalcó ayer que, pese a la gravedad de los hechos investigados, hay que esperar a las comparecencias que la jueza ha solicitado y a que se realicen todas las pruebas periciales. "Lo primero es dejar que los órganos judiciales realicen su trabajo y una vez terminado, quien tenga que pagarlo que lo pague". La secretaria de Organización del PSOE, Elvira Ramón, lamentó que el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, permanezca "callado" y no contribuya a esclarecer las informaciones que apuntan a "graves escándalos urbanísticos". Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, aseguró que es "imprescindible e inaplazable" que el gobierno municipal ponga en marcha "de una vez" la auditoría del urbanismo.

"Cada vez quedan más claras las maniobras que se investigan del anterior equipo de gobierno para favorecer una posible trama de corrupción urbanística en la ciudad, favoreciendo a determinados empresarios en contra del interés público". "Lo que sí es muy sorprendente es que ante estas evidencias que aparecen en la investigación de daño al interés público de la ciudad el actual equipo de gobierno municipal siga sin hacer nada y mirando para otro lado", continuó Puentedura.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios