La lucha emprendida por la Fiscalía de Medio Ambiente contra quienes presuntamente no respetan la ordenación urbana no cesa. Su última acción ha sido una nueva denuncia por posible prevaricación urbanística contra el alcalde de Carataunas, Salvador Rodríguez. Esta vez por haber permitido la construcción de 24 viviendas, local y garaje en el Bancal Barrio Alto, en un terreno que la Junta considera no urbanizable.

Según fuentes judiciales, la nueva denuncia del Ministerio Público -la anterior la presentó el pasado otoño por la construcción de otro edificio de 6 plantas fuera de la malla urbana- no sólo se ha dirigido contra el primer edil del municipio alpujarreño. En ella también se incluye a la secretaria del Ayuntamiento, Elena Valenzuela, y al arquitecto técnico Justo Morillas por haber emitido informes favorables a la concesión de la licencia de la obra a pesar de que en un suelo de esas características no se podía edificar.

La nueva denuncia de la Fiscalía ya ha dado lugar a la incoación de unas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 1 de Órgiva. De este modo, a partir de ahora se inicia otra investigación judicial para determinar si los tres denunciados pudieron haber delinquido con sus respectivas actuaciones.

La denuncia de la Fiscalía ha sido el colofón de una investigación que se inició a raíz de un escrito de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. En el mismo, se comunicaba al Ministerio Público que existía un auto por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada en el que se había ordenado la suspensión cautelar de la obra, al situarse la edificación en terreno no urbanizable. La Junta explicaba a la Fiscalía que el auto había sido dictado en junio del año pasado y que, pese a ello, los trabajos habían continuado. La Fiscalía pidió entonces explicaciones al Ayuntamiento y a Edificios Argalis SL, la empresa constructora.

La empresa alegó que nadie había puesto en su conocimiento la resolución judicial, al tiempo que señaló que, en cualquier caso, la orden del juzgado fue dictada cuando las viviendas ya estaban prácticamente acabadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Carataunas defendió la legalidad de la licencia -otorgada el 28 de julio de 2005 y avalada por el aparejador Justo Morillas, así como por la secretaria municipal-, subrayando que el suelo en el que se había edificado era terreno urbano.

Según las fuentes consultadas, el fiscal basa principalmente su denuncia en un informe técnico de la Junta, en el que se establece que el terreno en el que se asienta la edificación "en su realidad física no forma parte del núcleo urbano preexistente, situándose fuera de la malla urbana, no estando dotada de servicios urbanísticos algunos".

Asimismo, el citado documento subraya que la construcción "no está dentro de los usos compatibles establecidos por el Plan Especial del Medio Físico para el suelo No Urbanizable de protección cautelar Alta Alpujarra y es una edificación no integrable en el entorno físico".