"En los desahucios no hay que buscar culpables, sino soluciones"

  • El juez decano aboga por crear una especie de árbitro para resolver ciertos casos

¿Qué puede hacer un juez para frenar el drama de los desahucios? Plantear salidas. El colectivo asiste a diario como espectador de primera fila a un problema que cada vez afecta a más familias, que por culpa de la crisis no pueden hacer frente a las hipotecas que un día los bancos les concedieron. Ellos, los jueces, se limitan a aplicar las leyes y no pueden ir en contra de ellas. No es que sean inflexibles; simplemente hacen su trabajo. Pero, aunque haya quien pudiera pensar lo contrario, no se esconden en sus togas para alejarse de la realidad, sino que están preocupados por cambiarla. De hecho, los jueces decanos de toda España han mostrado recientemente al Gobierno su inquietud ante un drama que, si no a ellos directamente, afecta a parientes, amigos o conocidos.

Francisco Sánchez Gálvez es el juez decano de Granada, pero también uno de los jueces de la capital que han ordenado los alrededor de 800 desahucios registrados en lo que va de año en el partido judicial de Granada. Es el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 11 y, como tal, conoce de primera mano la magnitud de un problema que está llevando al suicidio, presas de la desesperación, a algunos afectados. Sánchez Gálvez constata que para un magistrado, al igual que para cualquier otro ser humano, la noticia de un suicidio vinculado a un lanzamiento provoca "un gran impacto emocional". Pero, como recuerda, el colectivo judicial ya había reaccionado antes de que el drama de los desahucios se encarnara en suicidio. "El problema ya había sido detectado por parte de los jueces ante el incremento de trabajo que se estaba produciendo en el ámbito de las ejecuciones hipotecarias, y el problema social que entrañan los desahucios ya estaba a la vista en las oficinas judiciales y en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos". Eso sí, la realidad se ha ido volviendo más cruda a medida que los casos han ido creciendo y, por ende, el número de familias que se han quedado en la calle.

"Desde el año 2008 se ha ido prácticamente a duplicar el número de asuntos que se registran anualmente. Eso ha ocurrido hasta 2010, año a partir del que ha habido una estabilización", advierte Sánchez Gálvez, mientras que asiente pensativo al recordarle la periodista que detrás de cada uno de esos casos hay una historia. "Sí", indica, para a continuación narrar uno de los episodios que más le han afectado: el de un pequeño empresario que tuvo un negocio en la ciudad durante muchos años y lo perdió todo. "Había creado riqueza, puestos de trabajo, y arriesgó por su empresa su propio domicilio, viéndose al final sujeto a un lanzamiento, no ya del local de su negocio sino de su propio domicilio; se había jugado todo y lo había perdido todo". Este caso entró en la rueda de los desahucios sin que nadie tuviera en consideración las circunstancias personales de su protagonista. Ahora, parece que las cosas van a cambiar un poco, al menos en lo que respecta a las familias más desprotegidas.

Para Sánchez Gálvez, que realizó estas declaraciones a Granada Hoy días antes de la aprobación del Real Decreto 27/2012, debe considerarse una buena noticia que las entidades financieras se hayan comprometido a paralizar los desahucios en los casos de extrema gravedad. "Es un poco indefinido, pero es un primer paso. El código de buenas prácticas no ha dado el resultado apetecible precisamente porque quedaba todo un poco a la mera voluntad de las partes, y quizás hay que avanzar hacia una solución que particularice los casos". Esa solución debe evitar, a su juicio, "que no se aproveche de la situación aquel que no lo merezca" y debe abordar "el problema social relevante", que es el de muchas familias que quizás no se encuentren en las situaciones extremas que dibuja la banca pero que también merecen protección.

Los jueces no usan la palabra justicia o injusticia en sus resoluciones. Un desahucio no es ni justo ni injusto. "Los jueces estamos obligados a aplicar la ley y, quizás, lo peor de la situación que estamos viviendo estos días es que se demore una solución legislativa, porque estamos contemplando que hay una inflación de propuestas, y cada una apuntando en un sentido o en otro".

El juez decano entiende que el problema crucial que ha de abordarse no es el de la reforma de la legislación hipotecaria a futuro, puesto que será aplicable a las hipotecas que se hagan en el futuro y no están precisamente los bancos muy generosos ahora en la concesión de préstamos. "Eso no resolvería el problema fundamental que tenemos: los procedimientos que están en trámite en los juzgados y que tienen que terminar en desahucio inevitablemente". Lo que haría falta sería, en su opinión, "arbitrar un sistema que examine lo que estamos ejecutando; que nos permita a los jueces someter a examen aquellos casos particulares que hubiese que replantearse".

Así, Sánchez Gálvez aboga por la adopción de una medida legislativa de carácter excepcional, que pueda ser aplicable en determinadas circunstancias, cuando todavía no se haya consumado el desahucio, a esos procedimientos que están en marcha, siempre que pueda haber un acogimiento voluntario a ese sistema por las entidades financieras. "En términos jurídicos, haciendo una analogía, sería cambiar una mediación por un arbitraje". Es decir, la idea planteada por el magistrado pasaría por establecer una especie de árbitro. Así, una vez que las entidades financieras accediesen a someterse a ese árbitro de manera voluntaria, éste podría resolver con carácter vinculante que determinados procedimientos quedasen paralizados o dejar pendiente el lanzamiento una vez que se haya subastado la vivienda o el local.

Para el magistrado, que opina que ante el problema de los desahucios "no hay que buscar culpables, sino soluciones", no cree, por tanto, que haya que cambiar las leyes. Desde un punto de vista jurídico, cree que la solución excepcional que necesita el drama de los desahucios tiene que venir por otro camino. Eso sí, deja claro que es "una opinión jurídica", y que como tal se puede discutir o se puede contradecir, "pero creo -agrega- que es la única forma de salvar el problema de la retroactividad".

"Los jueces tenemos que aplicar la ley y lo que estamos haciendo es poner en evidencia que hay posibilidad de soluciones legislativas, de carácter excepcional o de carácter definitivo, en cada caso con distinta eficacia y consecuencias, e instar una solución al problema que está dando ciertos frutos", recalca.

A quien ve a los jueces como los malos de la película, Sánchez Gálvez recuerda que cumplen una función constitucionalmente muy relevante. "Hasta 2008 toda la legislación estaba orientada a dar la respuesta más rápida posible al deudor moroso; nadie se preocupaba de que el juez estuviese cumpliendo su función. Era lo normal que aplicase la ley. Ahora hay que prestar atención a la nueva situación en la que se encuentra ese mismo deudor, moroso a su pesar, pues lo es no porque no quiera cumplir con sus obligaciones, sino porque no puede. Y el juez tiene un sólo instrumento, antes y ahora".

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