La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 11 de mayo, que reconoce que los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble, empieza a tener reacciones en los ayuntamientos de España. El de Granada ya lo ha notado en la frecuencia con la que suena el teléfono estos días. Y es que, aunque todavía no han recibido ninguna reclamación formal, sí es cierto que son "muchísimos" los granadinos que están intentando encontrar información en el Ayuntamiento para esclarecer si les corresponde la devolución de parte del dinero que desembolsaron en su día.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Economía, Baldomero Oliver, advierte que no basta con haber pagado plusvalías para que, "directamente, tengas derecho a una devolución". Hay que tener en cuenta tres premisas. La primera, que esta revisión se circunscribe únicamente a las operaciones efectuadas en los últimos cuatro años. La segunda, que afectaría solo a aquellos casos en los que la transmisión se haya producido en pérdidas y, tercero, el reclamante tiene que demostrar que ha habido una depreciación de los terrenos.

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Granada funciona todavía con los valores catastrales de 1997, el golpe se amortigua. "Quizás la información que se ha dado por parte de algunos grupos políticos no es del todo exhaustiva. Da la impresión que fuera a haber una devolución generalizada de plusvalías, y eso no es lo que dice la sentencia", apuntó el concejal de Economía en el Ayuntamiento de Granada, quien cree que habrá que analizar si efectivamente el número de personas afectadas es mayor o menor. En cualquier caso el procedimiento solo comenzará a instancias de parte, es decir, cuando el interesado inicie formalmente la reclamación aportando toda la documentación requerida.

Según un estudio realizado a partir de las estadísticas del Registro de la Propiedad y la base de datos de cuantovalemicasa.net, las administraciones locales de la provincia han recaudado indebidamente casi 487 millones de euros en la última década. En este periodo se han realizado en la provincia 90.160 compraventas y en un 72% de los casos no ha habido incremento del valor del suelo entre adquisición y transmisión, lo que significa que 64.915 operaciones no deberían haber tributado el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Como apunta Oliver, la devolución no se realizará de oficio, puesto que la presunción leal considera que en toda transmisión siempre existe un incremento del valor del terreno, así que le toca al contribuyente acreditar que este aumento no se ha producido aportando una tasación pericial que acredite la pérdida de valor. Esta reclamación solo se podrá hacer sobre las plusvalías que no sean firmes. Es decir, la devolución de lo cobrado indebidamente a través de este impuesto solo podrá ser reclamada por los contribuyentes que optaron por la autoliquidación siempre y cuando no hayan transcurrido cuatro años desde que realizaron la operación. Así que los contribuyentes no podrán pedir que les devuelvan esos 487 millones cobrados de más pero sí unos 146 correspondientes a los 19.519 inmuebles que se han vendido en los últimos cuatro años con depreciación de su valor. Esto en la provincia. En la capital, Oliver, afirma que es "imposible saber el número de afectados porque para ello tendríamos que saber en cuántas de las liquidaciones presentadas se ha producido o no pérdidas", y esto solo se sabrá cuando vayan llegando los informes.