La dirección actual del Partido Popular de Granada, con el presidente Sebastián Pérez a la cabeza, manifestó ayer su apuesta por la actual sede provincial en el local alquilado desde 2013 en el Zaidín y aseguró que la opción de dejar estas instalaciones por su elevado coste no es un asunto tratado oficialmente porque no se ha elevado a la Junta Directiva Provincial, que es el máximo órgano entre congresos, y a la de su Comité Ejecutivo.

Tampoco ha valorado la dirección del partido una alternativa diferente al local que actualmente ocupan, pero la dirección del PP quiso ayer matizar que, en relación a un posible cambio de ubicación, "respeta" otras propuestas que vengan de "otros afiliados", en una alusión no expresa a otras candidaturas a presidir el partido a partir del inminente congreso provincial.

Este periódico publicó ayer una información sobre la dificultad que el PP granadino tendría para hacer frente a unas cuotas de alquiler de su sede que superan los 11.000 euros mensuales. Un documento de trabajo interno de la Gerencia (al que ha tenido acceso Granada Hoy) ya advertía en 2015 que "hay que replantearse este alquiler debido a lo elevado del mismo", bajo el epígrafe expreso "Alquiler de la sede central" y junto al número de cuenta bancaria vinculado a estos pagos y otros apuntes sobre la contabilización de los mismos. Personas de su comité ejecutivo confirmaron que ésta era una preocupación actual, especialmente desde la pérdida de los gobierno de la Diputación y el Ayuntamiento de Granada. Pero el PP sostiene que no lo ha valorado de forma oficial desde ningún órgano de decisión autorizado para ello y que no se ha "elevado ningún informe oficial" al respecto.

El partido ha aprobado "por unanimidad" de la junta directiva provincial unos presupuestos para 2017 "donde se contemplan las correspondientes partidas para hacer frente al alquiler de la sede provincial" durante este ejercicio.

El responsable de Comunicación del PP granadino explicó a este periódico que, con independencia de lo que afiliados o dirigentes piensen o trasladen a los medios, de forma oficial el partido "no está estudiando ni contempla abandonar su actual sede".

Los contratos de alquiler que firmó este partido en 2013 con el promotor del edificio Be Suites, Roberto García Arrabal, se han difundido a raíz de la incautación que la Policía Judicial realizó en sus instalaciones en el contexto del caso Nazarí. Son documentos que aparecen en los informes de la UDEF vinculados a todos los papeles de este edificio, cuya construcción está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada.

El PP reiteró ayer al respecto, como ya lo hizo tras conocerse los registros al empresario y la aparición de los documentos en el sumario, que en ninguna de esas operaciones policiales se ha actuado contra el Partido Popular. La investigación relativa a este inmueble se ha dirigido hacia funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Granada como el exalcalde, José Torres Hurtado, que ya ha sido apartado de las filas del partido.

Respecto a los documentos publicados por este periódico la dirección del partido sostiene que puede ser el mismo material informático que recibió hace unos meses la Fiscalía de Granada y cuya investigación archivó por haber llegado allí de forma anónima, una conexión que este periódico no tiene confirmada.