La discoteca del Serrallo desafía a la ciudad: reabre con riesgo de sanción

  • La sala abre sus puertas con aparente normalidad pese a que el Ayuntamiento insiste en que la licencia está caducada

La discoteca del Serrallo, ahora bajo el nombre de Sky Club, abrió anoche sus puertas tras más de seis meses de inactividad, un hecho que ya de por sí acarrea sanción al tener la licencia caducada, según fuentes policiales. El local de ocio reinaguró la instalaciones. El trasiego de personal era constante. El goteo de clientes también. La música ambientaba el interior del inmueble mientras que en los jardines se preparaban las mesas.

A todo esto, fuentes de la Policía Local de Granada confirmaron a última hora de la tarde de ayer que poseían el decreto en el que quedaba patente la caducidad del permiso municipal. "Actuaremos proporcionalmente en función de la actividad que se desarrolle. Se denunciarán las infracciones que se cometan", advirtieron.

Al cierre de esta edición no se produjeron hechos significativos. Sí cabe destacar que el recinto anexo al Serrallo Plaza permaneció abierto. Al mediodía ya en la zona se ultimaban detalles.

A primera hora de la noche, fuentes de la sala dejaron claro que "nadie nos ha decretado alguna ilegalidad hasta ahora". El nuevo propietario ha cedido la gestión a un tercero "que ha presentado la documentación necesaria para poder abrir", indicaron.

Los dueños llevaron anoche a la sala a un notario para levantar acta en el caso de que llegara la Policía. "Si se produce algún tipo de ilegalidad dará parte directamente a la Fiscalía para ver por qué el Ayuntamiento bloquea un negocio por encima de un auto judicial".

Y es que según apuntaron, la jueza que otorgó la concesión de la propiedad envió meses atrás al Ayuntamiento un auto aclaratorio de la adjudicación, "en el que decía que se había vendido una discoteca con mantenimiento de la actividad, y esta tenía que mantenerse por decisión judicial". Para concluir, las mismas fuentes advirtieron de que el Consistorio actúa así porque "no quiere pillarse los dedos en nada".

Por la mañana se pronunció el alcalde de Granada, Paco Cuenca, quien incidió en que la declaración responsable presentada por los propietarios "no es suficiente". De ahí que el regidor recordara que, una vez valorado el tema por los técnicos, se le notificó a los adjudicatarios que "tienen que cubrir un trámite". El alcalde insistió en que el anterior equipo de gobierno "canceló la licencia y la capacidad de poder abrir la discoteca". Acorde a ese decreto de suspensión bajo el mandato del PP, el actual gobierno local ha trasladado la imposibilidad de retomar, por ahora, la actividad tras superar los seis meses sin movimiento alguno en las instalaciones.

El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, también aludió a este asunto. A preguntas de los periodistas, reiteró que "la caducidad viene como consecuencia de la no activación de la puesta en marcha del negocio".

Bajo esa premisa, Oliver recurrió a los mismos argumentos mostrados por el alcalde para indicar que "para según que pretensión, hay unos procedimientos administrativos muy concretos. Mientras que no se siga ese procedimiento no nos queda más remedio que quedar sujetos al acto administrativo válidamente adoptado y curiosamente no recurrido por nadie".

De lo contrario, el Ayuntamiento "incurriría en un ilícito jurídico", según aseveró el portavoz municipal. Así, Oliver invitó a los propietarios de la discoteca "a hacer las cosas bien". Esto es iniciar el trámite oportuno para "dejar sin efecto" la decisión que se adoptó en su día, y mientras que hay que asumirla como válida, el equipo de gobierno lo tiene claro: impedirá "en cualquier caso el inicio de una actividad que en estos momentos no tiene soporte jurídico".

Cabe destacar que los actuales dueños del espacio se adjudicaron el uso de la misma a través de un proceso concursal. A partir de ahí, emiten una petición al Ayuntamiento mediante reclamación patrimonial para reiniciar la actividad. Más tarde registraron una declaración responsable para conseguir ese propósito que según el veredicto de los técnicos municipales no se ajusta a derecho a día de hoy por la suspensión de la licencia que pesa sobre el recinto.

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