Una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a ocho expedientes. Presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio. 17 detenidos (entre ellos el que fuera alcalde de la ciudad por el PP durante 13 años, José Torres Hurtado, y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto), un cambio de gobierno municipal, un sumario de 13 tomos y 18.000 folios. Las cifras de la operación Nazarí no dejan lugar a dudas: 2016 ha pasado a la historia como el 'annus horribilis' para Granada. Un golpe a la dignidad de una ciudad que vio pasear sus vergüenzas por todos los informativos nacionales.

Como era de esperar, la magnitud de la operación no tardó en depositar la sombra de las dimisiones sobre el edificio consistorial. El caso acabó con la carrera política del que fuera alcalde de Granada durante 13 años. El 18 de abril, cinco días más tarde y en contra de su voluntad, Torres Hurtado accedió, presionado por la dirección nacional de su partido, y se fue; aunque en su huida forzó la salida del Ayuntamiento del que fuera número dos de su equipo, Sebastián Pérez, quien aspiraba a sustituir a Torres Hurtado en la Alcaldía. La enemistad política entre ambos era un secreto a voces que el caso Nazarí terminó de confirmar. La fractura del grupo municipal del PP empezaba a ser visible. Hoy, ya en la oposición, es varios metros más profunda.

Pero, más allá de lo que los grupos de la oposición dieron en llamar una "investidura higiénica" para alzar al equipo de Paco Cuenca hasta la Alcaldía ¿qué ha cambiado en este último año en la ciudad? Principalmente la situación económica, y a peor... a bastante peor. El cambio de gobierno fue la excusa perfecta para empezar a destapar las vergüenzas de una economía que se ha mostrado tan frágil como un castillo de naipes. La manifiesta minoría de un equipo de gobierno con 8 concejales ya vislumbraba un gobierno tan quebradizo que corría el riesgo de anclar el funcionamiento de la ciudad si no contaba con el apoyo de una severa oposición de la que forman parte 19 ediles. Y así ha sido. Si a esta inferioridad de condiciones se suma una situación arrastrada que roza la quiebra económica, el escenario se torna dantesco.

Hasta ahora nadie se ha mostrado dispuesto a ponerle el cascabel al gato y, aunque la subida de impuestos planea sin parar sobre el Ayuntamiento, nadie está dispuesto a asumir el coste político que esta decisión tendría en las urnas... y con razón. Bien es cierto que la minoría con la que han tenido que gobernar tanto PP como PSOE en los últimos años ha tenido mucho que ver a la hora de frenar esta 'salida fácil' pero nadie ha querido tomar decisiones valientes con los grandes contratos de la ciudad y los gastos en personal que, desde hace años, son el principal lastre que está empujando a la capital al pozo de la ruina.

En este sentido la situación no ha cambiado mucho. Si el primer trimestre de 2016 lo pasamos escuchando al PP decir que eran minoría y que las propuestas de recorte debían venir de la oposición, en este 2017 la cantinela ha sido la misma solo que donde ponía PP ahora hay que poner PSOE. Y así, un año después estamos igual que en 2016, con un presupuesto prorrogado que hará que a mitad de año muchas de las partidas estén ya agotadas, máxime teniendo en cuenta que este año ya hay que pagar más de 12 millones de euros en amortizaciones del préstamo que en 2012 pidió la capital para acogerse al plan de pago a proveedores.

La situación económica es tan extrema que ya anunció el actual concejal de Economía, Baldomero Oliver, que cualquier plan de saneamiento que se ponga en marcha requerirá el compromiso de las próximas tres corporaciones que gobiernen en la ciudad, esto es, serán necesarios más de diez años para absorber e ir pagando todas las deudas que mantiene la capital. ¿Será la ciudad capaz de ponerse a trabajar por un bien común? De momento no.

Otro de los lugares comunes que ha estado siempre presente ha sido la moción de censura, una idea que ha vuelto a cobrar fuerza estos días, concretamente el viernes, cuando el presidente del PP, Sebastián Pérez y el portavoz provincial de Ciudadanos, Luis Salvador hablaban de una alianza pública para sacar a la capital de la "deriva". Curiosamente a finales de enero el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, reconocía que en Andalucía hay 61 ayuntamientos que están en situación de quiebra técnica y afirmaba que una situación económica complicada no justifica una moción de censura. "Una moción se plantea cuando se pierde la confianza en un equipo de gobierno, no cuando hay una situación económica difícil. En estos casos lo que hay que hacer es buscar soluciones", decía.