El empresario acusado de fraude niega que sus negocios sean fantasmas

El principal acusado de defraudar más de 100.000 euros al Servicio Público de Empleo y a la Seguridad Social a través de empresas fantasma negó ante el juez que sus negocios tuvieran esta finalidad ilícita, y descartó tener amistad o vinculación familiar con los trabajadores que se beneficiaron de las ayudas. En el juicio, que arrancó ayer en la Audiencia de Granada, están investigadas un total de 14 personas.

El empresario, al que se considera el "cabecilla" de la trama, se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión y para el resto de los acusados -la mayoría empleados en alguna de las nueve empresas que están investigadas- piden penas de hasta dos años y medio de cárcel por delitos de falsedad en documento oficial, estafa y fraude de prestaciones en la Seguridad Social. El Ministerio Público estima que el beneficio obtenido por el fraude puede rondar los 100.000 euros, cantidades que presuntamente cobraron estos empleados en concepto de prestaciones por desempleo o por bajas por enfermedad y maternidad.

El fiscal cree que todos los acusados, "de común acuerdo", simularon relaciones laborales inexistentes en empresas sin apenas actividad comercial para hacerse con las ayudas, algo que negó el empresario, garantizando que todos sus negocios, la mayoría de transportes de mercancías y de viajeros, tenían movimiento y eran rentables.

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