A poco más de 94 meses del punto de no retorno en el proceso del cambio climático, los esfuerzos de las administraciones públicas para concienciar a los ciudadanos de la importancia de racionalizar el consumo de energía cobran una importancia vital. Así lo explicó ayer el delegado de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Granada, Julio Bernardo, que presentó la segunda fase del Proyecto AUD-GRA, que forma parte del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Granada. Esta segunda fase del proyecto, en la que se ha sometido a auditorías energéticas un total de 57 municipios, permitirá a la provincia reducir sus emisisiones de CO2 más de un 31,7%, superando -por mucho- el compromiso europeo para 2020, que fija en un 20% la reducción de las emisiones de dióxido de carbono de los firmantes del 'Pacto entre Alcaldes'.

Junto a la reducción de las emisiones contaminantes, las medidas derivadas de las auditorías energéticas realizadas en estos 57 municipios -que se unen a las 84 que se llevaron a cabo en la primera fase del proyecto- permitirán a los Ayuntamientos alcanzar un objetivo más terrenal, pero de gran importancia para las arcas municipales: ahorrarse más de 44.000 euros al año. Según el informe de la Diputación Provincial, "la realización de las medidas previstas en las auditorías energéticas supondrían un ahorro económico de 2.518.920 euros al año" para el conjunto de los municipios auditados. Es decir, que si los 57 ayuntamientos siguen los consejos de los informes realizados por la Agencia Provincial de la Energía de Granada, cada año podrían ahorrarse, exactamente, 44.191 euros en materia energética.

El delegado de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Granada, Francisco Cuenca, explicó que las medidas propuestas por la Agencia Provincial de la Energía de Granada se centran en tres grandes ejes: el alumbrado, el consumo de combustible derivado del transporte público y privados y las emisiones derivadas de las calefacciones. Pues bien, el informe del proyecto AUD-GRA deja bien claro que el sector del alumbrado público es donde más provecho -energético y económico- pueden obtener los municipios. Según la Agencia de la Energía, sólo con que los 57 ayuntamientos cambiaran las lámparas de vapor de mercurio por las de vapor de sodio, cada municipio dejaría de consumir 190.672 kilovatios hora al año, lo que supondría un ahorro medio de 24.100 euros anuales.

Además, el delegado de Promoción Económica de la Diputación apuntó que, en materia eléctrica, las auditorías han servido para desvelar que una optimización de las facturas -es decir, la adecuación de la tarifa eléctrica contratada a las necesidades de consumo de cada hogar- permitiría ahorrar al conjunto de los vecinos de cada municipio más de 5.550 euros al año.

"Estamos desarrollando parámetros que nos van a permitir alcanzar una mayor calidad de vida y que, además, son una oportunidad para el desarrollo económico, social y medioambiental de la provincia", explicó Cuenca, que dejó muy claro que "la implantación de energías renovables tendría poco sentido sin la participación de los ayuntamientos y de los ciudadanos".