La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, se quedó ayer sin contenido para aprobar en la junta de gobierno local, y es que los policías de la UDEF se llevaron los expedientes que tenía en su casa en el registro del pasado miércoles. Además se llevaron el expediente de Santa Adela, los móviles y su ordenador en una actuación que, como el alcalde, tachó de "desproporcionada y innecesaria". "Un abuso de poder, un atentado contra los derechos constitucionales", dijo.

"Desde la época de Franco no han cambiado mucho las cosas, aquí se vulneran los derechos de los ciudadanos cada vez que a un gracioso le da la gana", dijo Nieto en su primera comparecencia tras su arresto y posterior puesta en libertad con cargos. Al igual que el alcalde, Nieto también se preguntaba ayer quién dio la orden a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para actuar de ese modo.

"Ha sido una chapuza el modo en el que se llevó a cabo la operación me pregunto quién dio la orden para que todo este grupo de policías fuera a Granada a montar el numerito", manifestó.

"Las medidas no cumplen los requisitos que debe cumplir una orden de entrada y registro en domicilio porque no es proporcionada, adecuada ni necesaria", argumentó Nieto, quien cree que no era necesario cortar el tráfico de las calles, ni poner furgones de policía ni metralletas en la puerta de la comisaría. Desalojar todo el edificio de las Hermanitas de los Pobres tampoco fue a su juicio apropiado ya que "se podían haber esperado a las tres de la tarde cuando salen todos sin paralizar un Ayuntamiento de esa manera". "Lo primero que hay que hacer es pedir los expedientes por conducto reglamentario", opinó y lamentó que se llevaran los documentos originales sin dejar copia en el Consistorio. "Al final no tuvieron más remedio que llamar a los funcionarios para pedirles los expedientes", reconoció. Nieto explicó que lo que se llevaron los agentes fue media docena de expedientes relacionados con la residencia de estudiantes del PTS, con concesiones administrativas de seis aparcamientos de entre los años 2001 y 2004, con el plan parcial de San Jerónimo, que fue denunciado por un particular, con el Cerrillo de Maracena, que llevó a declarar al alcalde aunque el caso fue finalmente archivado, y de las licencias del edificio de Obispo Hurtado.

Nieto no dudó en mostrar su apoyo y su defensa al alcalde tras considerar, como él, que el partido se ha "precipitado" al suspender a ambos de militancia y pedir la dimisión del regidor.

"A mí en el partido no me conoce nadie, ni yo conozco a nadie. Soy una concejal más de las que tienen en toda España", dijo para aludir a su escaso vínculo político. "Pero al señor Torres Hurtado le deben un respeto. Saben de la honradez y de la persona intachable que es", opinó la concejal, que negó cualquier relación con las promotoras que están siendo investigadas en este caso. Y relató su proceder desde que llegó al área de Urbanismo. "Ni con José Julián Romero, ni con Arrabal ni con Partal ni con otros constructores he tenido relación alguna. La primera semana que llegué a Urbanismo vi que muchos promotores me pedían cita. Como a mí no me gustaba tener relaciones directas con ellos me negué a comer con ninguno de ellos y establecí que la asociación de promotores y constructores de Granada elaboraran cada mes un orden del día con las quejas que tuvieran para no recibir a ninguno. Sé que habré pasado por ser la persona más seca, más distante y más antipática del mundo".