Antonio Herrera le puso a su empresa el nombre de su padre. Y Jamones Fernando concilió, durante casi una década, los intereses de pequeños inversores, particulares de la Alpujarra, medio Trevélez e incluso de fuera de Andalucía. Su pasado como director de la entidad bancaria del municipio acreditaba la solvencia. Llegó a montar un grupo de empresas que incluían tres saladeros, secaderos, la distribuidora Comercial Alimentaria de Trevélez, y dos tiendas, una en la localidad y otra en Granada. Meses antes de septiembre de 2004, vendió varias propiedades en la Alpujarra. El noveno mes, cogió las maletas, y dejó a su familia en tierra, y en la estacada a varios cientos de vecinos que habían confiado en él.

Durante tres años, se ha especulado con que Herrera se había fugado con 23 millones de euros y que había estafado a más de 300 personas. Sin embargo, nunca se cerró la lista de afectados. El caso ha mantenido abiertos procesos en juzgados de lo Mercantil -que se cerró con la liquidación de la empresa-, de lo Civil y de lo Penal. Una orden de búsqueda por parte de un juzgado de Órgiva comenzó investigaciones que ahora han ido a dar con sus huesos a una celda de Granada tras estar en una habitación de hotel de República Dominicana.

La presunta estafa se manifestaba de dos formas. Una era ofrecer la devolución del dinero prestado por los particulares con intereses de hasta el 20 por ciento. Otra modalidad era a través del servicio de maquila o, lo que es lo mismo, con el depósito de los jamones de los vecinos para que fueran criados en sus secaderos, abonando el empresario una parte de la pieza. En algunos casos, Herrera se comprometía a comercializarla, compartiendo la rentabilidad del negocio con los vecinos.

Pero todo ello se firmaba en unos documentos de dudosa legalidad, de "carácter informal". En otros casos, según relataron los afectados, en una factura de venta de un lote de varios jamones de distintos vecinos. Cada uno de los vecinos recibía un documento como si hubiera vendido el total del lote con sus jamones.

El juez de lo Mercantil, antes de liquidar el negocio, nombró un gerente para la empresa que dio salida a la carne que aún estaba en las instalaciones de Jamones Fernando. Mientras tanto, los pequeños acreedores, las personas que depositaron su jamón, su dinero y su esperanza en Herrera, intentaban recuperar algo de lo cedido con buena voluntad. Llegaron a plantear que las propiedades del jamonero sirvieran para compensar esas pérdidas, al tiempo que criticaban la actitud de los administradores judiciales por vender los jamones por debajo del precio de mercado y por no admitir más género en los secadores de Trevélez.

Varias empresas se interesaron por los negocios de Herrera, dos años después de su desaparición. Una de ellas, Líder XXV, llegó a presentar una oferta que fue rechazada antes de la liquidación porque, aunque pretendía reflotar el negocio, no asumía el compromiso de pago con los acreedores.

El caso motivó la intervención de la Asociación de Industriales del Jamón de Trevélez, que aseguró tras la desaparición de Herrera que "sólo comercializaba el 4 por ciento de los jamones de alta calidad" de la comarca.