Ultimátum al Ayuntamiento

La juez exige la entrega de expedientes municipales del caso Nazarí en 48 horas

  • Ante la falta de respuesta, la magistrada pide identificar a la persona responsable y advierte de posibles consecuencias

El edificio Obispo Hurtado. El edificio Obispo Hurtado.

El edificio Obispo Hurtado. / g h.

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Los expedientes municipales relacionados con la construcción del céntrico edificio del exalcalde José Torres Hurtado que la juez del caso Nazarí pidió al Ayuntamiento de Granada en enero, aún no han llegado al Juzgado, pese a que el plazo indicado entonces era de cinco días. Así las cosas, la magistrada acaba de dictar lo que podría considerarse un ultimátum, con dos días de plazo para recibir los documentos.

En una providencia de la semana pasada que acaba de ser notificada, la magistrada ordena que se "identifique" a "la persona responsable" de tramitar su petición de documentos necesarios para la investigación de este caso de posible corrupción municipal en la época del anterior gobierno del PP. Esa petición de señalar a quien o quienes tengan el encargo de cumplir el requerimiento judicial se hace, por parte de la magistrada, con la expresa advertencia de la "posible responsabilidad en que pudiera incurrir caso de incumplimiento" de ese nuevo plazo de dos días.

De toda la documentación solicitada, relativa al edificio de Obispo Hurtado promovido por la familia del exregidor y la que fue concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, solo ha recibido la juez una certificación del secretario general del Ayuntamiento sobre un acuerdo de pleno de 2010 en el que se fijaba el procedimiento a seguir cuando se produjeran irregularidades urbanísticas susceptibles de ser legalizables.

Este documento vendría a avalar la tesis de la defensa de Nieto en un escrito reciente sobre este asunto. Los promotores del edificio de viviendas de Obispo Hurtado (entre los que estaba el entonces alcalde y la edil de Urbanismo) fueron eximidos de pagar una compensación urbanística por incumplir la altura mínima de algunas plantas. El abogado de Nieto explicó a la juez el mes pasado en un escrito que eso era lo habitual cuando se trataba de situaciones en las que esa irregularidad no había derivado en un aumento de edificabilidad global en el inmueble. Y como ejemplo de ello, Nieto volvió a pedir a la magistrada que pida y analice el expediente del hotel que se ha abierto en la Plaza Isabel la Católica.

El único documento enviado por el Ayuntamiento va en esa línea defendida por la antigua concejal. Pero la juez del caso Nazarí quería saber más. En su petición del 18 de enero pasado daba un plazo de 5 días a los responsables municipales para que le remitieran la documentación con todos los detalles sobre la actuación municipal (incluso la más reciente) respecto de las posibles irregularidades que se dieron en la construcción de la casa del exalcalde. Es decir, sobre las sanciones impuestas y su estado actual de tramitación.

Esta petición estaba relacionada con el último informe elaborado y entregado en enero por la Policía que investiga el caso Nazarí. La UDEF (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal) destacaba las supuestas irregularidades que se dieron en la construcción del bloque de viviendas de Obispo Hurtado que promovió la comunidad de vecinos formada por Torres Hurtado, la exconcejal Isabel Nieto y sus familias. Los agentes centraban la atención en los expedientes que se abrieron para la concesión de licencias y para sancionar los defectos, decisiones en las que llegaron a participar y votar los propios implicados.

Los responsables municipales deberían haber enviado a la juez todo lo relacionado con este asunto, porque, como ella mismo especificaba en su petición, se les ha pedido que informen sobre el "estado de la tramitación" de esas multas: "sanción acordada, si ésta se ha satisfecho, medidas adoptadas por el Ayuntamiento para restituir o restablecer la legalidad u otros actos que tengan relación". Parte de estas cuestiones afecta a la gestión realizada por el equipo de gobierno actual.

Casi mes y medio después de aquel oficio judicial, el Ayuntamiento ha respondido con un solo documento relativo al acuerdo de pleno de 2010. De ahí que la magistrada haya reaccionado con la exigencia urgente de hacer cumplir su requerimiento y de identificar a las personas encargadas de ello.

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