Primero fue reconducir la situación a golpe de militar y, ahora, toca vendetta. Aena ha abierto 442 expedientes disciplinarios -una quinta parte del colectivo- a los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo y muchos de ellos ya han sido informados, adelantó ayer el ministro de Fomento, José Blanco. El mensaje de fondo sigue inalterable: Los controladores han actuado de una forma "irresponsable" y no pueden quedar impunes, por lo que deben recibir las sanciones oportunas. El ministro evaluó desde la sede de Fomento la situación provocada por el plante de los controladores aéreos, que motivó el cierre del espacio aéreo español durante 18 horas, según sus datos, y la declaración del estado de alarma por primera vez en la era democrática.

Blanco reiteró que las negociaciones con el sindicato USCA y los controladores por el convenio colectivo no se van a retomar hasta que finalice el estado de alarma, cuya duración es en principio de 15 días. La aplicación de las sanciones es algo que, según Blanco, está pendiente de la investigación judicial que se lleve a cabo, y añadió que la apertura de un expediente disciplinario puede suponer desde su archivo hasta el despido definitivo, pasando por una suspensión de empleo y sueldo. Los expedientes se han incoado contra aquellos trabajadores que adujeron enfermedad para no incorporarse a su puesto de trabajo sin que fueran presentados los justificantes oportunos, así como también a aquellos, entre otros, que no fueron a trabajar porque defendían que ya habían cumplido las horas que dicta la ley.

Blanco incidió en que tiene la "sensación" de que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) pudo estar detrás del abandono masivo de los puestos de trabajo de los controladores, algo que desde el sindicato se ha negado, pero quiso aclarar que es una "sensación" y que no "tengo ningún elemento al respecto", y añadió que "uno no se debe dejar llevar por las sensaciones".

Será, a su juicio, la investigación judicial la que dictamine si se trata de una actuación encubierta de USCA, o si ha sido una reacción espontánea de los controladores. Blanco defendió que las medidas adoptadas el viernes con el real decreto-ley de medidas económicas en el que se incorporaba la regulación de la cantidad de horas máximas que deben trabajar anualmente un controlador, e indicó que "se ha demostrado que eran oportunas y acertadas".

Respecto a las declaraciones realizadas por parte de algunos grupos políticos sobre la actuación del Gobierno, Blanco dijo que no quería entrar en ellas porque en este momento "la única preocupación es la situación de los ciudadanos que se han visto implicados estos días en la actuación de los controladores". No obstante, el ministro de Fomento señaló que, a su juicio, "[Mariano] Rajoy no ha dado la imagen que debía ante esta situación", y no se le ha escuchado "decir lo que había que hacer".

Desde el PP, mientras unos pedían la cabeza de Blanco (ver información adjunta), la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, apostaba por un talante más constructivo al recalcar que su partido apoya todas las medidas adoptadas por el Gobierno para restablecer la normalidad en el tráfico aéreo tras el caos provocado por los controladores. No obstante, el PP pide al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que explique ante el Congreso de los Diputados la gestión llevada a cabo "estos dos últimos días y estos dos últimos años". De hecho, está prevista su comparecencia para el próximo jueves.

La portavoz parlamentaria del PP añadió que los responsables "directos e inmediatos" del caos aéreo son los controladores, cuyo comportamiento durante tan señaladas fechas ha sido "inaceptable e intolerable". En este sentido, Sáenz de Santamaría pidió al Gobierno que depure responsabilidades "penales, administrativas y laborales".

Primero fue reconducir la situación a golpe de militar y, ahora, toca vendetta. Aena ha abierto 442 expedientes disciplinarios -una quinta parte del colectivo- a los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo y muchos de ellos ya han sido informados, adelantó ayer el ministro de Fomento, José Blanco. El mensaje de fondo sigue inalterable: Los controladores han actuado de una forma "irresponsable" y no pueden quedar impunes, por lo que deben recibir las sanciones oportunas. El ministro evaluó desde la sede de Fomento la situación provocada por el plante de los controladores aéreos, que motivó el cierre del espacio aéreo español durante 18 horas, según sus datos, y la declaración del estado de alarma por primera vez en la era democrática.

Blanco reiteró que las negociaciones con el sindicato USCA y los controladores por el convenio colectivo no se van a retomar hasta que finalice el estado de alarma, cuya duración es en principio de 15 días. La aplicación de las sanciones es algo que, según Blanco, está pendiente de la investigación judicial que se lleve a cabo, y añadió que la apertura de un expediente disciplinario puede suponer desde su archivo hasta el despido definitivo, pasando por una suspensión de empleo y sueldo. Los expedientes se han incoado contra aquellos trabajadores que adujeron enfermedad para no incorporarse a su puesto de trabajo sin que fueran presentados los justificantes oportunos, así como también a aquellos, entre otros, que no fueron a trabajar porque defendían que ya habían cumplido las horas que dicta la ley.

Blanco incidió en que tiene la "sensación" de que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) pudo estar detrás del abandono masivo de los puestos de trabajo de los controladores, algo que desde el sindicato se ha negado, pero quiso aclarar que es una "sensación" y que no "tengo ningún elemento al respecto", y añadió que "uno no se debe dejar llevar por las sensaciones".

Será, a su juicio, la investigación judicial la que dictamine si se trata de una actuación encubierta de USCA, o si ha sido una reacción espontánea de los controladores. Blanco defendió que las medidas adoptadas el viernes con el real decreto-ley de medidas económicas en el que se incorporaba la regulación de la cantidad de horas máximas que deben trabajar anualmente un controlador, e indicó que "se ha demostrado que eran oportunas y acertadas".

Respecto a las declaraciones realizadas por parte de algunos grupos políticos sobre la actuación del Gobierno, Blanco dijo que no quería entrar en ellas porque en este momento "la única preocupación es la situación de los ciudadanos que se han visto implicados estos días en la actuación de los controladores". No obstante, el ministro de Fomento señaló que, a su juicio, "[Mariano] Rajoy no ha dado la imagen que debía ante esta situación", y no se le ha escuchado "decir lo que había que hacer".

Desde el PP, mientras unos pedían la cabeza de Blanco (ver información adjunta), la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, apostaba por un talante más constructivo al recalcar que su partido apoya todas las medidas adoptadas por el Gobierno para restablecer la normalidad en el tráfico aéreo tras el caos provocado por los controladores. No obstante, el PP pide al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que explique ante el Congreso de los Diputados la gestión llevada a cabo "estos dos últimos días y estos dos últimos años". De hecho, está prevista su comparecencia para el próximo jueves.

La portavoz parlamentaria del PP añadió que los responsables "directos e inmediatos" del caos aéreo son los controladores, cuyo comportamiento durante tan señaladas fechas ha sido "inaceptable e intolerable". En este sentido, Sáenz de Santamaría pidió al Gobierno que depure responsabilidades "penales, administrativas y laborales".