ayuntamiento de granada | El lastre de las herencias para la economía municipal

13 millones, la factura tras dos décadas de chapuza urbanística

  • El Ayuntamiento pagará ahora a los verdaderos dueños de unos terrenos que otro constructor tenía que haber entregado gratis a la ciudad en 1998, pero no eran suyos

El Ayuntamiento de Granada ha recibido ahora la factura definitiva de 13 millones de euros por la penosa gestión que durante dos décadas ha hecho de un convenio urbanístico alcanzado en 1998 con el promotor del edificio Penta, en La Chana. Un informe interno de la Asesoría Jurídica advirtió hace diez años de posibles hechos delictivos en la tramitación de este expediente, en el que intervinieron algunos de los funcionarios y promotores que hoy están siendo investigados por la presunta trama de corrupción del caso Nazarí.

La ciudad está obligada ahora a pagar esa indemnización millonaria a los actuales y verdaderos propietarios de unos terrenos que en 1998 la ciudad tenía que haber recibido gratis de otro promotor como contraprestación por la reclasificación urbanística y por los aprovechamientos que le permitieron levantar el edificio Penta. Pero esos suelos no eran suyos. La empresa J. Julián Romero Consulting SL logró construir el inmueble y venderlo, pero con los años se fueron alterando las obligaciones que contrajo con la ciudad en el convenio firmado y que consistían en la cesión de 15.475 metros cuadrados de terrenos previstos para espacios libres.

Un informe legal interno advertía en 2007 de posibles connivencias delictivas

Cuando en 2007 llegaron al Ayuntamiento las primeras noticias de esa reclamación económica de 13 millones de euros, que estableció la Comisión Provincial de Valoraciones, como precio fijado por la expropiación forzosa de los terrenos, la Asesoría Jurídica comenzó a indagar en los expedientes de la última década para hacer un informe y proponer los siguientes pasos a dar. Ese documento -al que ha tenido acceso este periódico- denunciaba un cúmulo de incumplimientos y actos administrativos perjudiciales para los intereses municipales. Recomendaba anular todos esos trámites urbanísticos, por su falta de legalidad y la información a la Fiscalía de los hechos por presuntas "responsabilidades penales". El Ayuntamiento solo recurrió las resoluciones que le obligaban a pagar o a negociar con los propietarios posibles salidas pactadas, lo que dilató en el tiempo la resolución del problema y ha llevado al actual callejón sin salida.

El convenio firmado entre el Ayuntamiento de la capital y el promotor del edificio Penta partió de una propuesta de esa empresa, que dijo ser propietaria de 21.305 metros cuadrados de terrenos. Estos comprendían la parte propuesta para hacer viviendas, de 5.800 metros, y otros 15.475 metros que ofrecía entregar a la ciudad de forma gratuita. Como ese suelo cedido estaría destinado a hacer espacios libres, toda la edificabilidad que le correspondía iría a parar a la parte residencial del promotor, que así podría levantar el inmueble de 72 viviendas y aparcamientos de la calle Sirena. Para firmar ese convenio, que suponía reclasificar terrenos para hacerlos urbanos, hubo que tramitar antes una modificación del Plan General de Ordenación Urbana vigente en ese momento.

Empieza entonces la ejecución de este convenio y el promotor solicita licencia de obras. Pero en julio de 1998, llegan los primeros problemas, porque el Ayuntamiento recibe varios escritos de una familia que asegura ser la verdadera propietaria de parte de esos terrenos que había ofrecido la empresa promotora como contraprestación a la ciudad. Según explica el informe jurídico, lejos de paralizarlo todo en ese momento, los responsables de Urbanismo recomiendan seguir adelante y otorgarle al promotor la licencia de obras solicitada para que empezara a construir los pisos. Eso sí, le pidieron la entrega de un aval económico para garantizar los suelos que tenía que pagar a la ciudad, ante los problemas detectados en la titularidad. El empresario puso una garantía de 69 millones de las antiguas pesetas, lo que equivale a 416.249 euros. Unos años después, esa empresa recuperaría ese aval, que fue devuelto por el Ayuntamiento.

Está acreditado que parte de los suelos que el promotor del Penta se ofreció a ceder a la ciudad eran en realidad de la familia López Román, pues incluso tributaban a su nombre desde 1988. Ante el conflicto de titularidad surgido, los responsables de Urbanismo aceptaron la propuesta del empresario (que ya tenía los pisos casi terminados) de hacer una addenda al convenio original, de modo que de los más de 15.000 metros cuadrados que originalmente tenía que aportar, solo entregara 8.600 metros y el resto fueran compensados con el ingreso de 30 millones de pesetas. Los 183.842 euros a los que equivalen es lo único que recibió el Ayuntamiento, en lugar de esos casi 7.000 metros que ahora le van a costar más de 13 millones de euros.

A finales de 1999, el Ayuntamiento otorgó al promotor la licencia de primera ocupación de los pisos, pese a que no había formalizado la entrega del resto de los terrenos que tenía que entregar y a que solo se había terminado una parte de las obras de urbanización del entorno. No es hasta 2001 cuando la ciudad acepta formalmente esos 8.627 metros de suelo que no habían sido sustituidos por dinero y el promotor obtiene la devolución del aval entregado años atrás. El informe jurídico advierte de que esa entrega de suelo se hizo con documentación incompleta, de notas simples y datos registrales.

En ese punto parecía un convenio liquidado, con ambas partes satisfechas, aunque la ciudad no hubiera recibido en realidad las contraprestaciones en forma de suelos inicialmente pactadas.

Entonces llegó la hora de las reclamaciones. En 2003, la empresa Construcciones Vargas e Hijos, compró los terrenos por 620.000 euros a la familia López Román, que se había cansado de mandar escritos al Ayuntamiento. El nuevo propietario se dirigió entonces al Consistorio para reclamar la expropiación forzosa con una tasación de 26,2 millones de euros (cantidad que ha seguido reclamando judicialmente hasta hace poco). Ante la falta de respuesta, siguió su camino hacia la Comisión Provincial de Valoración, donde se inició el expediente que finalmente concluyó en la obligación municipal de abonar 13,2 millones de euros.

Y aquí viene otra parte espinosa del asunto, porque el informe jurídico interno detecta que los representantes del Ayuntamiento pudieron no haber favorecido los intereses municipales en ese proceso de valoración, al haber comunicado a la Comisión que esos suelos tenían valor lucrativo urbanístico, lo que le otorga al propietario el principal derecho a ser indemnizado. Sin embargo, la ciudad ha tratado de reclamar después en los tribunales que en realidad había una "ausencia efectiva de aprovechamientos de esos terrenos, independientemente de su titularidad, como consecuencia de su expresa y concreta acumulación en suelo urbano". Es decir, que tras la modificación del PGOU y el convenio de 1998 se aprobó acumular toda la edificabilidad de ese entorno en el espacio donde se construyó el edificio Penta, dado que el resto del suelo estaba previsto que fuera cedido gratis a la ciudad para destinarlo a espacios libres. Y este argumento es, a juicio de la asesoría jurídica, el que se tendría que haber trasladado de forma "unívoca" al organismo que fijó el precio en su momento.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la resolución de uno de los recursos presentados por el Ayuntamiento, rechaza ese argumento municipal, al considerar que el actual propietario "no fue parte del mencionado convenio y, en consecuencia, no puede quedar vinculado por el mismo".

El informe jurídico de 2007 consideraba "procedente y necesario el esclarecimiento de los hechos desde la perspectiva penal" por toda una serie de circunstancias como "las consecuencias económicas de los incumplimientos producidos", "el beneficio económico obtenido con la construcción, promoción y venta sin asumir las correlativas obligaciones primeramente pactadas" o el posible "conocimiento" de esta situación que pudiera tener la actual empresa propietaria. Esta sociedad promotora adquirió los terrenos en 2003 por 620.000 euros y consiguió "en menos de 4 años multiplicar su valor" hasta la indemnización millonaria que fue fijada. Y todo ello, "ante la falta de iniciación de actuaciones urbanísticas ni oposición de argumentos sólidos, unívocos y realmente eficaces" por parte de los representantes del Ayuntamiento.

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