El fiscal pide ahora tres años para la agresora de la maestra de Infantil

  • La acusada asegura que no sabía que estaba pegando a una profesora, sino a alguien "en prácticas", por lo que su defensa la considera autora de una falta de lesiones

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El fiscal y la acusación particular aumentaron ayer su petición de condena hasta tres años por un presunto delito de atentado contra funcionario público para la madre que el pasado 18 de noviembre irrumpió en una clase del CEIP Federico García Lorca de Fuente Vaqueros y golpeó a la maestra de su hijo de 5 años.

En la vista anterior, celebrada en un juzgado de Santa Fe, tanto acusación particular como Ministerio Público pidieron dos años y tres meses de prisión para la acusada. En esta ocasión, solicitan tres años de condena, el máximo posible, al considerar como agravantes el carácter violento de la madre, la especial protección que merece la función pública y la reincidencia de la acusada en el delitos de atentado. La progenitora ya había sido condenada a un año de prisión por agredir a un sargento de la Guardia Civil.

En esta ocasión, la agresión ha sido calificada como delito de atentado contra funcionario público en lugar de contra la autoridad. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que la propia Delegación Provincial de Educación ha negado la condición de autoridad, asegurando que "para que un funcionario público sea considerado como autoridad, debe tener a su cargo a otro funcionario, por ejemplo, un director de colegio".

El juicio, celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal 1 de la capital, se desarrolló con normalidad, gracias quizás a que la agredida y la principal testigo declararon tras un biombo de madera, para no enfrentarse cara a cara con la agresora ni con su familia, también presente en la vista. Según las declaraciones de la maestra agredida y de la logopeda del centro, presente en el aula en el momento de la agresión, los menores de 4 y 5 años estaban teniendo una clase de apoyo lingüístico, impartida por la logopeda en presencia de su tutora. La joven docente, de 23 años y procedente de Córdoba, estaba en el centro en calidad de interina, realizando una sustitución de la maestra habitual de la clase, que se encontraba de baja por una operación. El informe, leído por el juez y ratificado por ambas partes, recoge que veinte minutos antes de finalizar las clases, sobre las 13:40 horas, la acusada irrumpió en el aula muy alterada, preguntando "¿quién ha dejado a mi hijo sin bocadillo?". Tras una discusión con ambas docentes, la agredida reconoció que había sido ella y, sin esperar a su explicación, la acusada "la cogió del pelo, le empujó y le golpeó contra la pizarra", todo ante los 20 menores presentes en el aula. Las dos docentes aseguraron que, cuando la agresora supo quién había dejado a su hijo sin bocadillo, amenazó a la tutora "con rajarla".

La madre, Estefanía C. F. negó las amenazas, alegando que "no llevaba armas encima", pero reconoció ante el juez la agresión y agregó estar arrepentida, basando su defensa en que desconocía que la agredida fuese maestra. "Yo no sabía que era profesora, creía que estaba en prácticas", se justificó. Por ello, la defensa pidió la absolución del cargo de atentado, aceptando una posible sentencia condenatoria por falta de lesiones. El abogado alegó que la madre no sabía quién era la agredida y por tanto no tenía conocimiento de su condición de maestra. Además, el letrado aconsejó, a vueltas con el presunto motivo de la salvaje agresión, que no se debía sancionar la conducta de los menores con castigos como dejarles sin bocadillo, sino "que primero se le informara a la madre en las tutorías".

La Fiscalía, en sus conclusiones definitivas, destacó el carácter agresivo de la acusada como agravante y aseguró que "su personación en el colegio tenía un motivo concreto, el de agredir a la persona responsable de un acto relacionado con la educación de su hijo".

Por su parte, la acusación particular, además de la pena de prisión para la acusada, solicitó una orden de alejamiento de la misma a la maestra agredida, además de una indemnización para la docente por los días que no ha podido ejercer su actividad, los gastos médicos y por responsabilidad civil subsidiaria.

El Juzgado de lo Penal número 1 de la capital se pronunciará en cinco días. En el caso de que se presentara algún recurso, la sentencia firme podría estar lista para después de Navidad.

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