La fiscal del caso Serrallo, Sara Muñoz-Cobo, ha remitido a la jueza instructora un escritoen el que propone mantener el cierre de la discoteca del Serrallo, que fue ordenado por el Juzgado en diciembre pasado y que fue recurrido por los afectados.

El Ministerio Público considera que esa medida cautelar se ha hecho de forma legal y está plenamente justificada por la defensa del interés general. Es más, llega a decir la fiscal que es este Juzgado de Instrucción el indicado para ordenar ese cierre para "asegurar la declaración de nulidad de las licencias ilegalmente concedidas y la consiguiente demolición de los ilegalmente construido" en el Serrallo "con apropiación del espacio público".

El "interés general urbanístico, el peligro de demora (que durante el tiempo que dura el proceso judicial se impida o dificulte la restitución de la legalidad), los indicios de prevaricación del acto de otorgamiento y la necesidad de evitar la consolidación de construcciones y edificaciones dimanantes de las licencias ilícitas" son, a juicio de la fiscal, los motivos legales para que el Juzgado haya optado por la medida cautelar de cierre.

Una de las defensas planteó que fuera el propio Ayuntamiento el que asumiera la responsabilidad de ordenar el cierre de la discoteca. Pero la fiscal apunta en su último escrito que en ese caso el Juzgado haría "dejación de funciones en favor del Ayuntamiento".

El Juzgado también ordenó al municipio hacer una valoración de cuanto costaría la demolición de la discoteca del Serrallo, a lo que Urbanismo aportó un estudio que cuantificaba esta intervención en 118.000 euros.Durante el proceso de instrucción del caso la discoteca cambió de manos y es propiedad ahora de otros particulares, que ya han sido incluidos en la causa como parte afectada.