El fiscal eleva a 103.000 euros la indemnización para José Campoy

  • El juicio queda visto para sentencia tras una jornada en la que compañeros de Adelina Entrena se desvinculan del error que dejó al denunciante en la cárcel

La Fiscalía Superior de Andalucía mantuvo en sus conclusiones finales su petición de suspensión de todo empleo o cargo público durante un año y tres meses para la juez Adelina Entrena, juzgada por olvidar acordar la libertad de un preso, aunque elevó a 103.000 euros la indemnización para éste.

Al igual que la Fiscalía, que considera a la magistrada autora de un delito contra los derechos fundamentales y que elevó a definitivas sus conclusiones finales, la acusación particular, la defensa y la Abogacía del Estado mantuvieron las suyas. El juicio quedó visto para sentencia.

El letrado del preso José Campoy, que pasó indebidamente más de un año en prisión por un delito del que había sido absuelto, solicita que se inhabilite a la juez ocho años y 352.000 euros de indemnización. La defensa de Entrena, al igual que el abogado del Estado, pide la libre absolución.

Durante la mañana de la última sesión del juicio declararon ocho testigos, entre ellos varios funcionarios, el abogado de oficio que asistió a Campoy y uno de los jueces que sustituyó a Entrena, además de tres médicos-peritos propuestos por la defensa y otros dos por la acusación particular.

El abogado de oficio que tuvo José Campoy, uno de los testigos que intervinieron en la sesión de ayer, tampoco sabía que su cliente se encontraba en situación de prisión preventiva por la causa en la que él ejercía su defensa: un robo con intimidación. Campoy tenía otras ejecutorias pendientes y su letrado, al igual que la juez Adelina Entrena, pensó que estaba encerrado por alguna de sus anteriores condenas. "No me sorprendió que estuviera en prisión porque tenía antecedentes penales y varias causas abiertas", declaró.

Precisó que él asistió a Campoy tras su detención, así como lo defendió en el juicio que se celebró el 23 de diciembre y tras el que fue absuelto. No intervino, en cambio, en la comparecencia en la que se acordó su ingreso en prisión. El letrado recordó que en la propia sentencia se consignó que Campoy estaba en libertad provisional por aquella causa, por lo que "no podía sospechar" que estuviera en prisión por ella.

"Lo que ha ocurrido es sorprendente", expresó durante el extenso y crítico interrogatorio al que fue sometido por parte del abogado que defiende ahora a Campoy en este procedimiento, Marcos García Montes. Éste reprobó la forma en que llevó la defensa de Campoy en aquella causa su colega granadino, quien defendió a ultranza la corrección de su actuación profesional, la cual fue respaldada en su día por el Colegio de Abogados de Granada.

También testificaron varios funcionarios del Juzgado de lo Penal 1 de Motril. Entre ellos, el trabajador que transcribió la sentencia que absolvió a Campoy. Éste que explicó que "el encabezamiento de la sentencia -en el que se indicaba que el reo estaba en libertad- lo puso "según las instrucciones" que se le dieron. El funcionario se desvinculó así completamente del flagrante error, apuntando que ni el expediente llevaba la carátula de causa con preso ni la juez le advirtió de que Campoy lo estuviera.

Otra funcionaria judicial, una oficial con una dilatada experiencia, admitió que normalmente, cuando tenía que realizar alguna consulta, se dirigía al fiscal o a la secretaria, pues nunca encontraba el respaldo de la juez.

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