Los funcionarios reclaman 3 juzgados de lo Penal más para la provincia

  • Medio centenar de trabajadores se vuelve a concentrar para exigir personal de refuerzo que palie la situación de saturación de los órganos judiciales de Granada

Alrededor de medio centenar de funcionarios de los seis juzgados de lo Penal de Granada volvió a concentrase ayer, frente al edificio judicial de La Caleta, para reclamar el nombramiento de personal de refuerzo en sus órganos y la creación de tres nuevos juzgados de lo Penal: dos para el partido judicial de Granada y uno para Motril.

En este nuevo paro, que duró sólo un cuarto de hora -se desarrolló entre las 10:45 y las 11:00- con el fin de causar el menor perjuicio al trabajo de sus juzgados y al justiciable, los trabajadores portaron una pancarta, así como carteles reivindicativos.

"El principal motivo de este acto es el recorte de personal que hubo el 31 de diciembre, pues quitaron los cinco funcionarios de refuerzo nombrados en mayo de 2008", explicó Francisco Vílchez, delegado de CCOO-Granada de la Administración de Justicia. Además de más personal en estos juzgados, que se encargan de enjuiciar las causas penales y de las ejecuciones de las sentencias, reclaman más órganos, dado el volumen de trabajo. En este contexto, recordó que en los años 2003 y 2006 ha habido reformas legislativas que han llevado aparejadas más ejecuciones de sentencias con las mismas plantillas que existían, "por lo que materialmente es imposible ejecutar todas las sentencias".

En los juzgados de lo Penal de Granada, según los sindicatos, hay una media de 600 sentencias pendientes de ejecutar por órgano, una circunstancia que afecta al buen funcionamiento de la Justicia. "La Justicia no es ágil si tú tienes una sentencia y esa sentencia no se ejecuta", subrayó Vílchez, a la vez que añadió que desde 2006 "ha habido un incremento en la ejecución de sentencia de un 90%".

Sobre las reivindicaciones de estos funcionarios planea el caso Mari Luz. "Ese caso, desgraciadamente, ha tenido unas consecuencias precisamente por no ejecutar una sentencia en su momento y lo que nosotros tememos es que vuelva a suceder otra vez en cualquier juzgado de lo Penal otro caso parecido", indica. Por su parte, el delegado de Justicia de CSI-CSIF, Eloy Maza, tildó de "barbaridad" para el justiciable que las sentencias tarden en ejecutarse dos o tres años. "No se entiende que se pongan los refuerzos por la ola del caso Mari Luz y que se quiten porque ya ha pasado esa ola", resaltó.

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