El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el equipo socialista que lidera Francisco Cuenca, se ha pronunciado -después de cuatro años de instrucción judicial- a favor de excluir a los actuales concejales del PP de las posibles responsabilidades penales del caso Serrallo. Con un criterio divergente al de la propia jueza y al de la mayoría de partes acusadoras, el Consistorio no considera culpables de delito alguno a la mayoría de los miembros de la anterior junta de gobierno de Torres Hurtado que votaron a favor de los cambios necesarios para la apertura de la discoteca.

El exalcalde José Torres Hurtado y la anterior concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, que abandonaron el Ayuntamiento de la capital en 2016 -debido a su detención por otro caso de presunta corrupción municipal- y ya están desligados del Partido Popular, son los únicos cargos públicos a los que ahora el Consistorio está dispuesto a exigir responsabilidades penales y económicas (2 millones de euros entre todos los acusados). Pide para ellos cuatro y cinco años y medio de cárcel respectivamente.

La ciudad, como principal perjudicada de las supuestas actividades delictivas de sus anteriores responsables, está personada en la causa del Serrallo como acusación particular y acaba de presentar un escrito de acusación en el que solicita la apertura de juicio oral contra 8 de los 17 procesados por la jueza de instrucción. También reduce mucho el número de delitos apreciados en virtud de los hechos investigados y respecto a los que aparecen en el reciente auto judicial. Ni prevaricación común ni urbanística, ni malversación de caudales, ni falsedad de documento público, ni cohecho se aprecian en la acusación del Ayuntamiento, que se centra en los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación y tráfico de influencias.

La imputación de los concejales del PP que formaron parte de la junta de gobierno anterior es un asunto que está teniendo una enorme repercusión política, pues su permanencia (seis de los ocho ediles) en el grupo municipal actual ha sido estos años el principal obstáculo para que Ciudadanos apoyara al PP en una moción de censura contra Francisco Cuenca al frente de la alcaldía.

De otro lado, la responsabilidad que los concejales que forman parte de órganos como la junta de gobierno o el pleno municipal tienen sobre los temas que se votan es una polémica viva, en especial desde que en 2011 la Audiencia de Granada condenó a los ediles socialistas del Ayuntamiento de Armilla por aprobar la licencia de obras del centro comercial Nevada.

Y aparece también en el horizonte el caso Nazarí, una macrocausa en fase más embrionaria donde se investigan ocho asuntos urbanísticos en los que se produjeron decenas de votaciones en junta de gobierno y pleno para dar luz verde a los expedientes que están en el centro de las pesquisas en estos momentos. La posible responsabilidad de los concejales del PP en el caso Serrallo sería un antecedente que para muchos cargos políticos actuales es muy desconcertante.

La amnistía que el Ayuntamiento ha dado en su escrito a los ediles del PP no solo afecta a las penas de cárcel que otras partes sí reclaman para ellos, sino también a la inhabilitación para cargo público que llevaría aparejada la condena de cualesquiera de los delitos planteados. Es decir, que al no incluirlos en su escrito, también les reduce la posibilidad de tener que enfrentarse a una retirada de la política.

De vuelta al caso Serrallo, los cargos de prisión más abultados solicitados ahora por el Ayuntamiento corresponden al único acusado ajeno a esta institución, que es el promotor del Serrallo Roberto García Arrabal. Para el empresario que supuestamente se benefició de un trato de favor de los responsables municipales, los servicios jurídicos locales piden seis años de cárcel, que es la pena más alta solicitada.

Otra de las incógnitas despejadas ayer es la posición adoptada por el Ayuntamiento respecto a los funcionarios municipales. La principal carga acusatoria se centra en Manuel Lorente, un trabajador que durante varias décadas ha ocupado los principales cargos de responsabilidad en Urbanismo, incluso con gobiernos de distinto signo político. El que dirigió la Gerencia de Urbanismo y fue durante años la sombra de los concejales que llevaban este área en casi todos los actos a los que asistían, tendrá que afrontar la petición de cinco años y medio de prisión por tres delitos de los que su Ayuntamiento le acusa.

La responsabilidad penal que el Ayuntamiento atribuye a los otros funcionarios procesados, que ocuparon altos cargos en Urbanismo, es bastante más limitada que la imputada por otras partes acusadoras. Se enfrentarían a año y medio de cárcel (con la posibilidad de no entrar en prisión al no superar los dos años) por posible delito continuado contra la ordenación del territorio.

El único funcionario que el Ayuntamiento ha dejado fuera de su acusación es el interventor municipal, el único empleado de la lista de procesados que actualmente se mantiene en el cargo.