El aumento del aforo máximo permitido en la sala Príncipe del Realejo, que ha oscilado de 251 a 1.006 personas, es una medida adoptada este año por el actual gobierno socialista del Ayuntamiento de Granada, pero se debe al cumplimiento de una orden judicial en el seno de un pleito contencioso instado por la empresa propietaria de la discoteca.

El pasado 16 de marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital estimó la petición de la sociedad Princeplan, explotadora de la sala de fiestas del Realejo. En realidad se trata de una medida cautelar, en tanto se resuelve la cuestión de fondo planteada en el recurso. De modo que esta orden podría ser cambiada o revocada, en función de otras circunstancias.

Un informe técnico autoriza la calificación ambiental favorable y el aumento del aforoLos vecinos del Realejo han denunciado posibles delitos en la gestión de este asunto

Los promotores del negocio acudieron a los tribunales para recurrir el decreto municipal de febrero de 2016 en el que el anterior gobierno del PP había autorizado la actividad de la sala, pero con una limitación de aforo de 251 personas; todo ello después de continuas oscilaciones.

Esa cifra es el resultado de informes anteriores y se estableció un cálculo relacionado con las limitaciones urbanísticas impuestas por el Plan Especial Centro, que afectaría a la zona histórica donde se ubica la sala.

Pero de otro lado, en los expedientes municipales relacionados con esta instalación consta un informe técnico de "calificación ambiental favorable para el aumento del aforo y de nivel de emisión sonora" que autoriza ese aforo máximo de 1.006 personas, sin que se perjudicara el interés general con las condiciones ambientales exigibles.

Dadas estas circunstancias, el juez de lo Contencioso estimó parcialmente que se permitiera a la sala Príncipe (ahora llamada Prince) el aumento del aforo y se dejara en suspenso la limitación vigente de 251 personas. Todo ello condicionado a la entrega por parte de los promotores de una documentación y una declaración responsable en la que se hiciera constar expresamente ese aforo superior al millar de personas.

Este asunto del aforo, así como las obras de reforma ejecutadas en la sala en los últimos años, son el principal motivo de queja de los vecinos del Realejo afectados por la actividad de esta sala. Un grupo de ellos se ha asociado en una plataforma que, además de transmitir quejas a la Administración local y a otros organismos, ha emprendido una batalla legal. También tiene abierto un pleito contencioso contra el Ayuntamiento por dar licencia urbanística a la empresa promotora que ha realizado las obras en la sala Príncipe.

Pero la medida judicial más importante es una denuncia en el Juzgado, cuya consecuencia directa ha sido la apertura de diligencias de investigación penal para averiguar si se ha podido cometer algún delito en la tramitación de estos expedientes y en la gestión de esta instalación de ocio.

Entre los denunciados se encuentran los dos últimos alcaldes, Francisco Cuenca y José Torres Hurtado, varios concejales actuales y anteriores, una decena de funcionarios y técnicos municipales, así como los responsables del negocio, incluida la empresa.

La jueza de Instrucción 2, que ha asumido este asunto y que es también la responsable de otras investigaciones importantes como el caso de la discoteca del Serrallo, ha ordenado como primeras diligencias que el Ayuntamiento de la capital le remita todos los expedientes y documentación que haya tramitado respecto a este asunto. También ha reclamado a dos juzgados de lo Contencioso de Granada la información sobre los asuntos que se están siguiendo relacionados con este tema de la Sala Príncipe. Uno de ellos es precisamente el pleito sobre el aforo instado por la empresa. La magistrada especificaba en su petición los autos relativos a medidas cautelares, como el que ha obligado al gobierno socialista actual a autorizar la ampliación del aforo permitido.

Días antes de que llegara al Ayuntamiento esta resolución judicial de marzo de 2017, la Secretaría General del Ayuntamiento emitió un informe para analizar desde el plano legal la situación de la sala Príncipe.

El autor del informe puso de manifiesto falta de rigor, ausencia de objetividad y ciertas deficiencias en la gestión de este asunto en los últimos años, en especial por la oscilación que se había producido, pasando el aforo, por ejemplo, de 161 a 201, 251 y hasta 1.006 personas. Llegaba a decir el vicesecretario que "lo razonable es que el interesado tendiese al suicidio y no podríamos echarle la culpa", dados los cambios que se han producido.