El concejal del Partido Popular (PP) Juan Antonio Fuentes y la exdirectora de TG7 Cristina García Carmona tendrán que aclarar su labor de gestión de la televisión municipal ante el juez que ha abierto una investigación sobre este caso y acaba de citarlos para declarar el próximo mes en calidad de investigados. También pasarán por el juzgado los responsables económicos de las principales empresas de suministros y servicios del Ayuntamiento, que habrían abonado facturas por campañas publicitarias en la emisora.

Los directores gerentes de Emasagra (aguas), de Inagra (basuras) y Granada Educa (Escuelas Infantiles) tendrán que declarar como testigos en el Juzgado de Instrucción número 6, donde ha comenzado una investigación sobre las facturas y cobros que recibió la empresa privada encargada de la grabación de programas de la televisión municipal, CBM SL.

Otro de los testigos citados es el actual coordinador general de Economía del Ayuntamiento, quien hizo un informe en el que ponía en duda la procedencia de abonar el medio millón de gastos extra, fuera de contrato, que reclamaba CBM al municipio por servicios prestados desde 2013 a 2015 sin estar consignados en el presupuesto, con la única autorización del concejal que durante aquellos años se encargó de la televisión, Juan Antonio Fuentes. Los dos investigados son las personas que la Fiscalía señaló en su denuncia como supuestos autores de ciertas irregularidades para favorecer a la empresa privada que tenía el contrato de la televisión y en detrimento de las arcas municipales. El edil y la entonces directora habrían reclamado y autorizado a CBM a prestar unos servicios adicionales a los establecidos en contrato, sin tener competencias para ello, pues estaban delegadas en el concejal Sebastián Pérez, según un reciente informe jurídico del Ayuntamiento.

Esos gastos no se facturaron durante todos esos años, sino que se iban anotando en unas actas mensuales que firmaba Fuentes y quedaban acumuladas en una "bolsa" como un saldo a favor de la empresa. Como contraprestación, la mercantil recibía "directamente" los ingresos de campañas publicitarias que algunas empresas buscadas por el Ayuntamiento habrían contratado en TG7. Era la propia CBM la que se encargaba de facturar y cobrar a esas sociedades vinculadas al Consistorio. Pero la fiscal que investiga este caso considera que esa fórmula de gestión era una estrategia para eludir el control de la Intervención municipal, dado que de ese modo, ni gastos ni ingresos se reflejaban en la contabilidad pública.

Esas empresas pagadoras, llamadas "sponsor", eran Emasagra (que puso la mayor parte del dinero con promociones como los 60.000 euros la de la retransmisión de Nochevieja), Inagra, Rober (con una campaña de publicidad de la LAC), Ecoembes o Granada Educa. El juez ha ordenado que sean citados a declarar como testigos sus directores gerentes el próximo 24 de mayo, aunque faltan algunos como el de Rober, que no fue solicitado por la fiscal, dado que en el momento de su denuncia CBM aún no había desvelado que aquella era otra de las empresas sponsor. Cuando la mercantil fue reclamada por el Ayuntamiento para que explicara a qué empresas habían estado facturando y cobrando publicidad de TG7 envió una serie de facturas que ahora ha completado para mandarlas al Juzgado. Fuentes y la exdirectora de la televisión están citados para el próximo 21 de mayo, como los dos únicos investigados hasta el momento. La Fiscalía también solicitó que acudiera a declarar el máximo responsable de CBM, pero sin especificar en calidad de qué (testigo o imputado). En la providencia a la que ha tenido acceso este periódico el juez no ha dado ese paso, aunque sí ha recibido una enorme cantidad de documentación de la mercantil.