La gestión municipal de los expedientes que afectan a la sala Príncipe, en el Realejo, ha recibido duros reproches desde dentro. Un informe jurídico sobre este asunto, que fue elaborado hace escasos meses por el vicesecretario general del Ayuntamiento de Granada, censura la falta de rigor y "objetividad" de la labor realizada por los responsables de esta Administración hasta ese momento, en especial por el "maremágnum de informes contradictorios" emitidos.

"Lo razonable era que el interesado tendiese al suicidio y no podríamos echarle la culpa", llega a decir el alto funcionario, en alusión a esas divergencias de criterio que a lo largo de los últimos años ha ido mostrando el Ayuntamiento, en función a los informes emitidos por distintos técnicos y en diferentes momentos. También censura la "flexibilidad" de las decisiones de los responsables políticos al respecto.

El alto funcionario critica el "mandato imperativo" de los vecinos en este caso

El asunto es ahora objeto de una investigación penal abierta por el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, cuya titular es la misma jueza responsable de algunas de las causas más importantes de supuesta corrupción urbanística en la ciudad, como los casos Serrallo y Nazarí. Entre la lista de 19 personas denunciadas están en el actual alcalde, Paco Cuenca; su antecesor, José Torres Hurtado; tres concejales actuales y anteriores y nueve funcionarios o trabajadores del Ayuntamiento de la capital. Además de la empresa responsable de la discoteca y sus titulares.

Poco antes de que este asunto se haya convertido en una investigación judicial para dirimir posibles responsabilidades penales, el 7 de marzo de 2017, el vicesecretario municipal firmó un informe que dirigió al actual concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid (ambos están entre los denunciados). Este documento, de perfil jurídico, censura la actuación del Ayuntamiento hasta ese momento en la gestión de este asunto, aunque tampoco da la razón a la plataforma vecinal, contraria a la actividad de ocio que se desarrolla en el local del Campo del Príncipe, y que ha sido la impulsora de la denuncia detonante de la apertura de diligencias previas en el Juzgado.

A juicio del representante municipal consultado, los informes municipales que constan en el Ayuntamiento "han podido justificar una cosa y la contraria y casi en el mismo día". En cuanto al aforo permitido en la sala, que es una de las cuestiones claves de este asunto, dice el vicesecretario que "se informó favorablemente para 1.096 personas y luego para 251, cifras que para nada se pueden justificar como ajustes técnicos".

La arbitrariedad denunciada queda clara cuando el funcionario se expresa en estos términos: "La actuación de la administración tiene dos caras de la misma moneda y que según caiga de un lado o del otro ha supuesto para ambas partes, promotor y vecinos, una quiebra de la confianza que es predicable de quien tiene como fundamento la objetividad y la defensa de los intereses generales".

Agrega el informe jurídico que la cifra de aforo más reducida se ha fijado en función a unos decretos que considera sin validez. De hecho, en sus conclusiones, el representante de la Secretaría General propone la derogación de esas normas que trataron de interpretar el actual Plan Centro, respecto a las actividades de ocio permitidas. En esos decretos se estableció que se podría autorizar un aumento del 25% del aforo del local.

Respecto a los vecinos, el vicesecretario considera que el Ayuntamiento no puede dejar sus centenares de escritos sin respuesta -como hasta entonces-, aunque dice de ellos que están haciendo una "aproximación al mandato imperativo", al tratar de que el municipio actúe según su criterio. También asegura que no hay pruebas de los excesos de ruidos denunciados por los ciudadanos en sus múltiples llamadas a la Policía Local.