El concejal popular Juan Antonio Fuentes aligera su panorama de frentes abiertos. El informe jurídico encargado por el Ayuntamiento, que tenía que esclarecer si hubo irregularidades en el pago de servicios extra de la televisión municipal TG7 con dinero de Emasagra e Inagra, determina que no hay elementos suficientes para determinar la posible comisión de un delito de prevaricación, según lo establecido en el artículo 404 del Código Penal. Con esta resolución se cierra la posibilidad de que el Ayuntamiento lleve el caso TG7 a la Fiscalía, un respiro para el grupo municipal del PP que mantiene a seis de sus concejales imputados por el caso Serrallo.

La gestión de la televisión municipal entre 2013 y 2015 quedó en entredicho después de que la productora CBM reclamara a la ciudad 548.000 euros en servicios extraordinarios sin dotación presupuestaria, además de 315.000 euros que la productora daba por cobrados sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de haberlos pagado. Para explicar esta circunstancia, el Ayuntamiento requirió a CBM para que contestara en 15 días y aclarara de dónde salieron esos 315.000 euros. En su escrito la productora desveló que el 1 de julio de 2015 se firmó un convenio entre Juan Antonio Fuentes (entonces concejal responsable de TG7) y Raúl Berdonés, en representación de CBM, en el que acordaban "un sistema de pagos por esponsorización" para liquidar esos servicios extraordinarios. Según las facturas aportadas por la productora los sponsors fueron Inagra y Emasagra, quienes pagaron campañas publicitarias cuyo dinero se destinó al pago de unos servicios extraordinarios. Después de una mediática comisión de investigación en el Ayuntamiento y la comparecencia a puerta cerrada del concejal Fuentes, la asesoría jurídica da carpetazo al caso TG7.