El Ayuntamiento de Granada ha previsto una drástica reducción de un millón de euros en el dinero destinado al pago de las horas extras de policías locales y bomberos, así como a las dietas del personal. Pero el interventor ha advertido de la necesidad de extremar el control de estas partidas para que realmente se cumpla la previsión, pues de no ser así se produciría un desequilibrio económico que agravaría la situación deficitaria de las arcas municipales.

Los presupuestos municipales de 2013 elaborados por el gobierno de la capital granadina han consignado unas partidas para estos gastos extraordinarios que están muy lejos de las cantidades que se han gastado en los últimos años, incluido el actual.

A mediados de noviembre de 2012 el Ayuntamiento de Granada ha gastado 652.000 euros en las horas extraordinarias de los policías locales, 499.999 en las de los bomberos y 39.400 euros en dietas para el personal. En total, casi 1,2 millones de euros. Para 2013, en cambio, el gobierno municipal del PP ha previsto un gasto de 80.000 euros para las extras de la Policía, 50.000 para los Bomberos y 4.000 euros para las dietas. 134.000 euros en su conjunto.

Esta enorme diferencia ha llamado la atención del interventor, que tiene que informar sobre el cumplimiento de la legalidad de los presupuestos anuales. El alto funcionario suele alertar sobre partidas de gastos o ingresos previstas sobre el papel en las cuentas, que no tienen visos de hacerse realidad en la práctica y que pueden agravar los desequilibrios económicos si no se hacen los correspondientes cambios a lo largo del año o no se toman las precauciones necesarias. Es decir, que si finalmente no se ingresa algo de lo previsto, hay que recortar partidas de gastos. O que, como podría ser este caso, en la práctica se incrementaran los gastos previstos en algunas partidas. En ese caso, el municipio tiene que aprobar modificaciones presupuestarias para detraer ese dinero de otros conceptos.

El Ayuntamiento ha incluido en los presupuestos este cambio sustancial relativo a las horas extras por la entrada en vigor del decreto que establece una nueva regulación del horario de los funcionarios, lo que significa que los trabajadores municipales tendrán que aumentar sus horas de trabajo semanales desde las 35 horas hasta las 37,5 horas.

Esta ampliación del horario de los funcionarios públicos es un imperativo del Gobierno central que el Ayuntamiento ha aplicado mediante un decreto muy discutido por los sindicatos de la Policía Local y los Bomberos. La mayoría de los trabajadores de estos cuerpos se oponía a la fórmula planteada por el gobierno municipal para ampliar la jornada laboral. Se trata de que cada trabajador acumule una especie de bolsa de horas a disposición del Ayuntamiento para los momentos en que sea necesario su trabajo fuera del horario de trabajo habitual.

La principal ventaja de esta medida para la economía municipal es que el Ayuntamiento se ahorra dinero en pagar horas extras, especialmente a policías y bomberos, que eran los que más acumulaban.

A pesar de estas previsiones, el interventor advierte en su informe de que es "necesario extremar la precaucación en la ejecución de estos créditos (horas extra y dietas)", para que no se pase de lo previsto.