El juez investiga las posibles injurias de Montes Neiro a los funcionarios de la cárcel

  • La apertura de diligencias, que conllevarán la declaración del ex recluso, se produce tras la denuncia de la sección sindical Acaip

El Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, del que es titular el magistrado Fernando Víctor Ramos, investiga las posibles injurias vertidas por el ex recluso Miguel Montes Neiro, que salió de prisión el pasado mes de febrero tras más de 35 años entre rejas, contra los funcionarios del centro penitenciario de Albolote, donde cumplió parte de su condena, según han informado fuentes judiciales.

La apertura de diligencias, que conllevarán la declaración de Montes Neiro, se produce después de la denuncia de la sección sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) en la cárcel granadina, que llevó ante la Fiscalía una entrevista que el ex reo concedió a un medio de comunicación en la que calificó a los funcionarios de "borrachos", y dio a entender con sus palabras que son "vagos y arbitrarios", así como "partícipes necesarios en el tráfico de bebidas alcohólicas o de la venta ilegal de teléfonos móviles", y todo ello "en el ejercicio de sus funciones". Ya la Fiscalía Superior de Andalucía, que trasladó la denuncia a la Fiscalía Provincial de Granada, vio indicios de delito en sus manifestaciones. En un decreto fechado el 21 de marzo, consideraba que los hechos denunciados por Acaip, "a la vista de la documentación remitida, pudieran ser constitutivos de delitos" previstos en el Código Penal supuestamente efectuados con publicidad contra estos funcionarios.

En la denuncia presentada ante el Ministerio Público el 13 de marzo, el sindicato consideró que en aquella entrevista Montes Neiro "atenta de forma manifiesta" contra la "honorabilidad y la honestidad profesional" de los funcionarios y "desprestigia gravemente su imagen". Para el sindicato Acaip, con sus palabras, Montes Neiro hace "a los funcionarios partícipes directos y necesarios en el tráfico interior en las prisiones de productos prohibidos, como es el caso de las bebidas alcohólicas o de la ilegal venta de teléfonos móviles", ya que da a entender -añaden- que "este tráfico no se produciría si no es por el concurso necesario de los funcionarios".

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