El fiscal investiga por prevaricación urbanística al Ayuntamiento de Jun

  • El ministerio público pide a la Guardia Civil que indague la compra y recalificación de una parcela adquirida a los propietarios de los bloques ocupados en 2005

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La Fiscalía de Granada considera que el Ayuntamiento de Jun pudo cometer un delito de prevaricación y otro de ordenación del territorio por la compra y posterior recalificación de una gran parcela en la que el alcalde, el socialista José Antonio Rodríguez Salas, proyecta ahora ampliar la casa consistorial y construir un centro cultural. El fiscal ha pedido a la Guardia Civil que investigue "la legalidad de la actuación" y al mismo tiempo ha requerido numerosa documentación al secretario del Ayuntamiento así como el nombramiento de dos peritos para valorar las pruebas .

La denuncia, que fue presentada a finales del mes de julio por la dirección provincial de Izquierda Unida, sostiene que Rodríguez Salas, alcalde y director de Projunsa (la empresa municipal de la vivienda) compró al cuádruple de su valor la finca a la familia Rodríguez Méndez-Acosta, propietaria a su vez de los tres bloques de pisos, paredaños a la parcela, que fueron ocupados por un grupo de desconocidos con el ánimo supuestamente de intimidar a los tres inquilinos que viven en ellos.

La adquisición de la finca se formalizó en noviembre de 2005, diez días después de los incidentes en los inmuebles. En las primitivas normas subsidiarias, el solar se destinó a construir viviendas protegidas, pero en 2006, merced a un estudio de detalle, cuya pertinencia ahora investiga la Fiscalía, fue divida en varias manzanas. Una parte se destinó a construir viales, otra a espacio público y otra más para la ampliación del Ayuntamiento y a una casa de la cultura. Ambas obras aún no han sido ejecutadas.

El alcalde de Jun, por su lado, asegura que el precio de la compra de los terrenos fue inferior al real y que el proceso administrativo fue legal. Por el contrario, la Fiscalía sospecha que el alcalde y sus concejales optaron por este instrumento administrativo para eludir el control de los órganos urbanísticos superiores, en concreto de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio.

Para aclarar todas estas circunstancias, el fiscal ha reclamado al Ayuntamiento de Jun copias certificadas de las normas subsidiarias, del expediente de aprobación del estudio de detalle que posibilitó la división de la finca y su cambio de uso, y del acuerdo plenario del 5 de abrir de 2005 en el que se acordó la adquisición de la finca.

La Fiscalía aún no ha respondido a otra denuncia presentada por IU por la entrega a la promotora Construcciones Vera de cuatro parcelas destinadas a VPO en pago de una deuda. Las fincas están ahora abandonadas.

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