El jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno Rodríguez, que tendrá que enfrentarse a un juicio por supuesto acoso laboral a una de las compañeras del cuerpo, ha denunciado en su reciente escrito de defensa, dirigido al juez instructor, que está siendo utilizado por los políticos de la ciudad como un "cabeza de turco".

"Todo este procedimiento entendemos que se debe a un tema político de intentar eliminar de la Jefatura de la Policía" a Moreno Rodríguez, explica su letrado Domingo Domingo, que atribuye la acusación de la supuesta víctima a una estrategia de mayor alcance que es la del "desgaste de los responsables políticos" que designaron al mando policial de Granada.

Este escrito de defensa hace hincapié en el hecho de que la propia Fiscalía haya solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa al considerar que "no es posible acreditar una animadversión del denunciado respecto a la denunciante". A la vista de las distintas declaraciones que se han tomado en el Juzgado de Instrucción a los implicados y a otros testigos, además de la documentación aportada, el Ministerio Público cree que el traslado y el cambio de funciones sufrido por la que era inspectora encargada de la policía judicial de Caleta en la anterior etapa de gobierno del PP y bajo las órdenes de otro superintendente, "entra dentro de las funciones que como jefe le corresponden al denunciado y que éste incluso le dio a elegir dos destinos distintos". El resto de aspectos denunciados, como la falta de taquilla, ordenador, despacho propio, horario y funciones acordes con su rango, "no son competencia directa del denunciado", según entiende la Fiscalía, que además sostiene que no se puede acreditar que Moreno diera órdenes al respecto con el "objetivo de humillar o menospreciar" a M. M. P., a diferencia de lo que afirma la acusación particular.

A pesar de la petición de archivo y de todas esas consideraciones de la Fiscalía, el juez de Instrucción 1, Basilio García, dictó en febrero pasado el auto de apertura de juicio oral en base a la acusación particular de la denunciante, que se enfrentará a Moreno en la Audiencia Provincial, a priori sin el respaldo del Ministerio Público. El superintendente de la Policía se tendrá que enfrentar a los supuestos delitos de acoso laboral y lesiones psíquicas que le atribuye el letrado de la denunciante. También le reclama 25.700 euros de indemnización por los daños psíquicos y morales causados y las costas del proceso. El magistrado ha exigido al procesado una fianza de 15.000 euros, que es algo menos de la mitad de la que reclamaba la acusación particular.

La decisión judicial de encaminar al cargo policial hacia un juicio ha desatado una nueva guerra política en el Ayuntamiento, en la que los ediles del Partido Popular han llegado a dar una especie de ultimátum al gobierno socialista de Francisco Cuenca para que destituya al superintendente que nombraron hace casi dos años como cargo de confianza.

El escrito de defensa de Moreno, presentado en el Juzgado el pasado 16 de abril, hace alusión a esa batalla política y atribuye la denuncia de M. M. P. a una estrategia que va más allá de su situación personal y profesional. "Esta parte ve un fin espurio en la denuncia" y sostiene que el "único objeto es el desgaste" de los responsables políticos que lo designaron al llegar al poder. El letrado se remite a las "declaraciones en prensa" que se están publicando sobre este asunto.