Los sindicatos de Granada exigieron ayer al Gobierno que retire la impugnación a la jornada de 35 horas tras la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso y decretar la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía.

UGT, CCOO y CSIF, que son los sindicatos más representativos de la Función Pública andaluza, mantuvieron ayer un encuentro en la Subdelegación del Gobierno de Granada para trasladar su desacuerdo y la indignación ante la decisión del Ejecutivo.

Según explicó Lourdes Membrive, Secretaria de Organización de la Federación Empleados de los Servicios Públicos (FESP) de UGT Granada, la decisión fue tomada a su juicio con "nocturnidad y alevosía". Según Membrive, el Gobierno hace caso "omiso" al pacto llevado en Mesa General de Función Pública de la Junta de Andalucía. Sin embargo, "por unanimidad se llegó al acuerdo de volver a las 35 horas por los beneficios que aportan a los empleados públicos andaluces y a la ciudadanía en general", explicó Membrive.

Desde UGT están convencidos de que con esta medida "perderán todos los granadinos", afirmó la representante sindical. En primer lugar, esto supone que todos los empleados públicos tendrán que volver a trabajar 37 horas y media. Esto tiene como resultado una pérdida de alrededor de 900 puestos de trabajo en Granada.

El aumento de horas también afecta a la conciliación de la vida familiar y laboral de todos los trabajadores del sector público andaluz en Granada, que ven como el Gobierno vuelve a recortar sus derechos laborales. Y en segundo lugar, la medida provoca que se pierda calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Así, Membrive hizo un llamamiento a la movilización para frenar esta decisión, que aseguró que "perjudica a toda la ciudadanía". También exigió que el pacto se rectifique.

Por último, la ugetista aseguró que sí se pueden hacer otra clase de políticas en las administraciones públicas con relación al empleo. Por ello, el sindicato seguirá defendiendo y apostando por estas medidas tomadas y acordadas con las organizaciones sindicales de la Mesa General de Función Pública en la Junta con el Gobierno de Andalucía, ya que han dado su fruto pues se ha conseguido la creación de empleo, la conciliación de la vida familiar y la mejora del servicio que se presta a la ciudadanía.