El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, que investiga el llamado caso de las audioguías de la Alhambra, ha venido a modificar y corregir la instrucción realizada hasta la fecha por el titular de este Juzgado, Antonio Moreno, y ha acordado la incoación de nuevas diligencias previas para investigar la parte del caso que ha evolucionado desde la enorme ampliación de la investigación y que no está estrictamente relacionada con el contrato de las audioguías de la Alhambra.

Además, el magistrado ha atendido las reclamaciones de los principales investigados y ha fijado fechas para sus declaraciones en sede judicial. Desde el inicio de la causa, en julio de 2015, no habían sido llamados a declarar. Entre los citados está la que fe directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, que llegó a ser detenida en verano de 2015 en el inicio de esta causa.

En un auto fechado ayer, el juez cita a seis de los investigados, entre los que también se incluye la ex secretaria general del Patronato de la Alhambra, Victoria Chamorro, los cuales declararán en diferentes días desde el 25 de abril al 19 de junio. A partir del resultado de estas declaraciones, el juez resolverá sobre la necesidad de practicar otras diligencias de investigación.

En junio del año pasado, a tenor de la investigación del Grupo de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Granada, este Juzgado amplió el objeto de la investigación inicial, incluyendo a nuevos investigados y ampliando los delitos que pudieran haberse cometido en distintas contrataciones del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Por entonces, el juez Moreno -ahora de baja- veía indicios de delitos de falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias y cohecho, todo ello, formando organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal.

Los citados delitos se sumaban a los que ya se estaban investigando de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, en el marco de una causa que sumó entonces diez investigados más y amplió el objeto de la investigación a siete nuevas empresas que mantuvieron relaciones contractuales o comerciales con el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

No obstante, el juez sostiene en esta nueva diligencia que la relación de empresas, personas y hechos sobre los que se amplía la querella inicial que presentó la Fiscalía en julio de 2015 "no guardan una conexión temporal, espacial o teleológica" con el caso que fue origen del procedimiento y ha optado por incoar nuevas diligencias previas, sin que esto suponga la creación de una pieza separada.

Argumenta así que "la instrucción separada de los dos procesos es perfectamente válida y posible, sin que el esclarecimiento de lo actuado en una contribuya al de la otra; es más, sólo aportaría dilaciones innecesarias". Por todo ello el juez asignado de refuerzo (titular de Instrucción 9), acuerda el desglose de todo lo relativo a la ampliación de la querella formulada en su momento por la Fiscalía en este caso e incoa nuevas diligencias previas para investigarlo.