La investigación judicial abierta sobre la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Granada durante años pasados no puede ser una "excusa" utilizada por el actual equipo de gobierno socialista para no gestionar o resolver las cuestiones que en estos momentos están pendientes en la ciudad. La jueza que investiga el caso Nazarí, María Ángeles Jiménez Muñoz, acaba de firmar un auto en el que insta al municipio a cumplir con "su obligación" sin inmiscuir al Juzgado.

Tomando como referencia una de las varias peticiones que ha remitido el Ayuntamiento de la capital a esta jueza (tanto en el caso Nazarí como en el caso Serrallo) sobre asuntos en los que tiene que tomar alguna resolución, la magistrada y la fiscal que lleva los mismos casos, Sara Muñoz-Cobo, le han recordado a los actuales responsables municipales que deben continuar la tramitación administrativa de los expedientes que les lleguen "al ser competencia exclusiva de dicha Corporación, así como su obligación, resolver al respecto".

La Audiencia también dejó en manos de la ciudad el cierre de la discoteca del Serrallo

La magistrada asume estas consideraciones de la Fiscalía y agrega que "este Juzgado no debe ni puede pronunciarse respecto de los trámites que pudiera tener el Ayuntamiento de Granada", porque considera que es a esta institución a la que "le corresponde asumir y ejercer las competencias municipales que le sean propias".

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada agrega en el auto, firmado el pasado 17 de julio, que los responsables de la administración local no pueden "argumentar como excusa para resolver en vía administrativa lo que corresponda, la existencia de un proceso penal abierto.

El caos concreto en el que la magistrada ha hecho estas advertencias genéricas al Ayuntamiento es un escrito en el que el municipio pedía al Juzgado que se pronunciara sobre un expediente municipal que permanece abierto desde 2006 y que tiene relación con la construcción del pabellón Mulhacén, uno de los asuntos que se investiga en el caso Nazarí.

El empresario Ramón Arenas, propietario de la parcela colindante, remitió una solicitud al Ayuntamiento relativa a ese expediente, que afectaría a los intereses del empresario Roberto García Arrabal. A juicio del denunciante, el Ayuntamiento habría "ocultado" que no se ha aportado la documentación económica necesaria para comprobar el equilibrio económico del convenio entre Arrabal y el Ayuntamiento. Arenas remitió a la jueza un amplio informe sobre el asunto en el que denunciaba una supuesta "dejación de funciones" en el área municipal de Urbanismo, "donde se podría estar beneficiando a alguien en particular en detrimento de los intereses municipales". El escrito pedía a la magistrada que no permitiera al Ayuntamiento usar la investigación del caso Nazarí "como excusa para una dejación de funciones o encubrimiento de actuaciones precedentes".

La jueza ha contestado ahora al Ayuntamiento en un sentido similar y le recuerda su "obligación" de resolver los temas "conforme a las normas administrativas que deban aplicarse".

Las consideraciones de la magistrada son generales -no sólo se refieren al caso concreto- y hay que tener en cuenta otros antecedentes, en los que el municipio ha estado pidiendo la intervención del Juzgado.

Esto ocurre pocos días después de que esta misma jueza haya tenido que revocar por orden de la Audiencia Provincial el cierre de la discoteca del Serrallo, que fue solicitado el año pasado a la instructora por el Ayuntamiento de la capital. El tribunal considera que se trata de una competencia de tipo administrativo que corresponde al municipio.