CASO SERRALLO

La jueza rechaza una fianza de 2 millones contra el constructor

  • A punto de terminar la fase de instrucción, planean sobre la causa posibles indemnizaciones millonarias que ya reclama un empresario

  • La jueza, la fiscal y la Audiencia han contenido por ahora esas aspiraciones

La media docena de empresas que antes o después han tenido o mantienen alguna vinculación con la discoteca del Serrallo han aportado al caso judicial que investiga la supuesta construcción ilegal del edificio un elemento adicional de disputa, que es el de las responsabilidades económicas. La actual arrendataria del negocio trata de implicar en la investigación a las sociedades constructoras y a sus responsables, ha intentado llevar al caso su conflicto sobre el alquiler y ha pedido que el Juzgado fije una fianza, en previsión de una supuesta indemnización millonaria que pretende exigir como posible perjudicada.

Casi todas estas pretensiones de la sociedad explotadora actual, Sky Club Serrallo Plaza SL, han sido rechazadas hasta el momento por la propia juez instructora del caso o por la Audiencia Provincial, a la que ha apelado la empresa en varias ocasiones. En lo único que ha tenido un relativo éxito por ahora es en la respuesta del tribunal provincial respecto a la orden de cierre del negocio dictada por la magistrada en diciembre de 2016 y que fue levantada este pasado verano. Aunque la discoteca sigue sin abrir.

serralloPizarro también advierte de posibles exigencias económicas al Ayuntamiento

El edificio construido como sala de fiestas en el Serrallo fue fruto de un concurso convocado por el Ayuntamiento de Granada en 2006 para la ejecución de un parque infantil sobre esa zona reservada para espacios libres. Obtuvo esta concesión municipal Inversiones Área Sur SL, la empresa que dirigía entonces García Arrabal, y que tardó algunos años en construir esas instalaciones, aunque no concuerdan con las descritas en el pliego del concurso. Consiguió levantar un restaurante-sala de fiestas en lugar del parque infantil, para lo que contó con el visto bueno de los altos funcionarios de Urbanismo y los políticos municipales que están siendo investigados en estas causa por presunto trato de favor al promotor.

Para la explotación de ese negocio, García Arrabal y otros 40 socios (a los que señaló en su última declaración judicial) crearon una mercantil que dio el primer nombre comercial a la discoteca: 683 Upper Club SL. Esta firma, que en noviembre de 2013 firmó un contrato de arrendamiento con la constructora y propietaria de la concesión, Inversiones Área Sur, entró en concurso voluntario al poco tiempo y en 2016 el Juzgado de lo Mercantil 1 aprobó la venta del negocio (la unidad productiva) a un nuevo empresario, que se la adjudicó en una subasta pública. Se quedaba, pues, con el alquiler de las instalaciones.

Es ahí donde entra en la ecuación Abel Pizarro y la empresa Sky Club Serrallo Plaza, que niegan haber sido advertidos por el administrador concursal de Upper Club de la litigiosidad de este negocio. En 2016 el caso judicial ya llevaba dos años de instrucción y era uno de los más conocidos por los medios de comunicación dentro y fuera de la ciudad.

A los pocos meses de la compra y de la reapertura de la discoteca (que provocó algunos problemas de permisos con el Ayuntamiento, ya gobernado por el PSOE), el Juzgado de Instrucción 2, que instruye la causa, ordenó su cierre cautelar y pidió una tasación del coste del posible derribo de este edificio, que podría ser considerado ilegal.

A partir de ese momento, esta empresa comienza a solicitar a la jueza que adopte medidas contra el resto de empresas implicadas, en particular contra la sociedad Taler Real Estate SL, que es la heredera de Inversiones Área Sur SL, después de que García Arrabal vendiera su negocio. También pidió que se sumara a la causa la mercantil que explota las tirolinas ubicadas en el mismo entorno de la concesión municipal. Y hasta que se ordenara cerrar también ese establecimiento.

La jueza del caso aceptó incluir en la causa a algunas de las sociedades señaladas como posibles responsables civiles o como partícipes a título lucrativo. Pero rechazó incluirlas en la lista de investigados por la posibles comisión de importantes delitos como el de prevaricación o contra la ordenación del territorio, que sí pesan por ahora contra los 16 investigados actuales.

Pizarro y Sky Club recurrieron a la Audiencia Provincial, que recientemente ha confirmado la decisión de la magistrada María Ángeles Jiménez y ha rechazado ampliar más la lista de investigados en este caso, que además se encuentra en la recta final del proceso de instrucción. El tribunal considera que los conflictos que enfrentan a estas mercantiles deben ser resueltos en la jurisdicción civil, pese a los argumentos del empresario Pizarro contra Taler Real Estate, a la que acusa de tratar de lucrarse de forma ilícita con el alquiler del local, incluso en los meses en los que ha sido cerrado por orden judicial.

En definitiva, denuncia que las sociedades promotoras levantaron un edificio que puede ser ilegal y que él se subrogó después a un contrato de alquiler y compró un negocio que está siendo frustrado por ese motivo. El Ayuntamiento ha mantenido la concesión del local a Taler Real Estate, empresa que sigue exigiendo el pago del alquiler a Sky Club. El asunto ya ha dado lugar al inicio de varios pleitos por la vía civil, donde los magistrados de la Audiencia creen que se debe resolver.

Pero la cuestión de fondo de estas disputas y lo que puede ser más trascendente para el caso Serrallo, de cara a futuras consecuencias económicas, es la millonaria reclamación económica que Pizarro tiene preparada, como avanzó en una petición remitida al Juzgado este verano. En su escrito solicitaba que se fije el pago de una fianza económica a la concesionaria del edificio, Taler Real Estate, de cara a que en el futuro pueda hacer frente a una indemnización económica por el negocio que este empresario perdería si al final es derribada o cerrada la discoteca. De hecho, ya ha presentado estudios elaborados para calcular esa pérdida económica, que podría ascender a 2 millones de euros, según sus propias estimaciones. Pizarro pagó 415.000 euros por este negocio en la subasta de 2016.

En este punto la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, fue breve pero muy explícita en su petición de rechazo de la fianza en este momento: "Los perjuicios económicos que se reclaman derivarían del cierre de la sala de fiestas, adquirida en el procedimiento concursal de la mercantil 683 Upper Club, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, por lo que dichos perjuicios debieran reclamarse, en su caso, ante ese juzgado".

El Ministerio Público no excluye con este informe que las empresas implicadas en la causa puedan afrontar en el futuro fianzas o responsabilidades civiles derivadas de los hechos concretos que se deriven de este caso. La jueza desestimó la petición de fianza con argumentos similares a los de la Fiscalía y además recordó a este empresario que cuando compró la discoteca ya era una unidad productiva inactiva, con la licencia caducada.

En la petición de fianza que presentó Pizarro, además de adelantar que podría exigir los dos millones de euros a la sociedad promotora de la discoteca, avanza que se reserva la posibilidad de pedir otras responsabilidades económicas al Ayuntamiento de la ciudad o al administrador concursal que tramitó la compra del negocio. Aunque no podría hacerlo en esta causa judicial, porque a diferencia de Taler Real Estate, el resto no son considerados posibles responsables civiles.

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