Un juzgado de lo Penal de la capital, el número 3, ha dictado otra sentencia absolutoria en una nueva causa judicial por estafa seguida contra el promotor granadino Pablo Chinchilla, a quien en los últimos meses los tribunales han dado una de cal y otra de arena. Cabe recordar en este sentido que el conocido constructor comenzó el verano con un fallo condenatorio de dos años de prisión por un delito de insolvencia punible (que ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo) y otro absolutorio (salió airoso de otra denuncia por supuesto engaño a uno de los empresarios que se subieron a una grúa en protesta por los impagos en la construcción de unas viviendas en Las Gabias).

En esta ocasión se trataba de la supuesta doble venta de dos inmuebles de La Zubia, una operación en la que el juzgador no ha apreciado delito, al entender que el promotor no engañó al primer comprador: padre de dos hermanos propietarios de una inmobiliaria que intermediaron en la segunda operación de compraventa de sus pisos.

Las casas en cuestión se hallan en la calle Antonio Machado de la Zubia y las compraventas que dieron lugar a la interposición de querella por parte del primer comprador se efectuaron en 2005 y 2006.

El fiscal, que inicialmente pedía 4 años de prisión para el promotor por presunta estafa, acabó retirando la acusación en el juicio. No hizo lo mismo la acusación particular ejercida por el denunciante, que dirigía su querella tanto contra Pablo Chinchilla como contra otro Chinchilla que no intervino en ninguna de las operaciones. El querellante mantuvo al terminar el juicio su petición de cuatro años de prisión para ambos por el presunto engaño.

En opinión del juez, estafa no hubo ninguna, puesto que no hubo engaño, ya que "a través de la inmobiliaria" gestionada y administrada por los hijos del denunciante y "con conocimiento de éste, aquellos inmuebles fueron objeto de posteriores ventas".

Es más, según recoge la resolución, a la que ha tenido acceso este diario y que podía ser recurrida ante la Audiencia, fueron los propios hijos del denunciante quienes, como dueños de la inmobiliaria, acompañaron a los segundos compradores a las oficinas de Chinchilla para que se fraguaran la nuevas operaciones de compraventa.

El juez resalta que la primera operación de compraventa de los dos inmuebles en realidad no llegó a completarse, pues no hubo entrega de las viviendas, aunque el denunciante sí llegó a dar a cuenta dinero a Chinchilla. Para el juez, "la transmisión -de las propiedades- nunca se produjo" y "es evidente" que padre e hijos eran "perfectos conocedores de que lo que en realidad hacían era más que una verdadera y propia compraventa una intermediación".

En concreto, el querellante entregó por el primero de los pisos 2.000 euros de reserva, 9.000 más al firmar el contrato privado de compraventa e ingresó el 1 de julio de 2005 otros 5.000 en la cuenta del promotor, pactando ambos el pago aplazado del resto del precio. Por el segundo piso llegó a dar a Chinchilla 13.000 euros.

Se da la circunstancia que cuando el denunciante decidió comprar los inmuebles con sus respectivas plazas de garaje el precio de los pisos era bastante inferior al que finalmente alcanzaron en las segundas operaciones. Uno costaba alrededor de 116.000, mientras que el otro valía poco más de 75.000. El primero luego fue vendido por 144.450 euros.

El querellante reclamaba, además de la pena de prisión para Chinchilla, ser indemnizado con 41.000 euros.

La defensa de Chinchilla, nuevamente ejercida por el letrado Carlos Vega, se mostró satisfecha por esta victoria judicial, al tiempo que confió en que el TS revoque el fallo condenatorio. A día de hoy el promotor no tiene ninguna condena penal firme relacionada con su actividad inmobiliaria.