Granada

La justicia revisará la 'limpieza' del congreso del PP a partir del martes

  • El 28 de noviembre se celebra la vista previa tras la denuncia presentada por Juan García Montero para impugnar el proceso

El concejal Juan García Montero impugnó en abril las primarias del PP.

El concejal Juan García Montero impugnó en abril las primarias del PP. / ¡G. H.

Hace siete meses que Juan García Montero anunció que iba a presentar una demanda ante la jurisdicción civil para impugnar el XIV Congreso Provincial del PP en el que participó como precandidato y en el que salió elegido Sebastián Pérez como presidente de los populares. García Montero ha estado apartado de los focos este tiempo, pero reaparecerá el próximo martes 28 de noviembre en la vista previa por la denuncia en la que señalaba "graves irregularidades" en el proceso congresual en el que García Montero consiguió 1.545 apoyos por los 3.680 de Sebastián Pérez. Fue una campaña tensa, con cruces dialécticos por ambas partes que hicieron subir el termómetro de la crispación. Y meses después de la foto de Sebastián Pérez en la sede del PP celebrando la victoria, será ahora la justicia la que determine si las elecciones se desarrollaron conforme a los estatutos del partido.

Una de las irregularidades que denunció en su momento el actual concejal Juan García Montero es que sólo podían participar en las votaciones los afiliados que estuvieran al día en el pago de las cuotas. Finalmente participaron cerca de 5.500 militantes, de los que según la denuncia de Juan García Montero, la gran mayoría no estaba al corriente de las cuotas.

La candidatura de García Montero apuntó cuando se anunció la impugnación del congreso que, entre los distintos aspectos incumplidos, estaba "la negativa por parte del Comité designado por el actual presidente provincial a formalizar el permiso para acreditar interventores de mesa" por parte de la candidatura del exconcejal de Cultura, así como "impedir el derecho a comprobar el censo final de electores en el momento de la votación y de manera increíble la presencia de estos interventores durante el recuento de papeletas, impidiendo la transparencia del proceso".

Siete meses después, el polémico congreso tiene su epílogo en los juzgados.

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