"La ley procesal no atiende las necesidades de la ciudadanía"

  • García Calderón admite que la estructura judicial tiene carencias "muy importantes"

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, es partidario de un cambio legislativo "suficiente" que conlleve la creación de una nueva Oficina Judicial y Fiscal, ante la situación estructural de la administración de Justicia que, a su juicio, "presenta carencias muy importantes".

En una entrevista con la Agencia Efe, el máximo representante del Ministerio Público en la comunidad andaluza advierte, como ya ha reflejado en distintas memorias de la Fiscalía, de que España cuenta con una Ley procesal "que no puede atender las necesidades que hoy día tiene la ciudadanía".

Al respecto, explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal data del siglo XIX y que, aunque en su día fuera "modélica" y haya sido reformada, resulta "verdaderamente imposible" que pueda ofrecer respuestas a la realidad actual.

Según García Calderón, habría que "atacar la raíz del problema" y hacer un cambio legislativo "suficiente", que debe determinar la creación de una nueva Oficina Judicial "completamente distinta" y con un nivel formativo diferente, que se extienda además al funcionariado.

El fiscal superior andaluz afirma que hoy día la gestión de los procesos sigue "prácticamente anclada en el pasado", lo que hay que modificar "radicalmente, dando cabida a los sistema informáticos" y a fórmulas de control administrativo de todo tipo.

No obstante, considera que este problema "amplio, general y estructural" de la administración judicial, debe separarse de determinadas responsabilidades personales en las que se pueda incurrir por parte de quienes intervienen en la Justicia, por ser realidades "que convergen, pero distintas".

Preguntado sobre recientes procesos penales abiertos a magistrados, como el de la que fuera titular del Juzgado de lo Penal de Motril Adelina Entrena o el del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, ha destacado que la "enseñanza" que se debe sacar al respecto es que el sistema "funciona" y que cuando se detectan "irregularidades" éstas son investigadas.

Asimismo desvincula estos procesos penales de la actuación estrictamente disciplinaria iniciada por parte del Consejo General de Poder Judicial (CJPG) contra al juez sevillano Rafael Tirado por el caso del asesinato de la niña Mari Luz Cortés.

Respecto a este último asunto y preguntado por las reformas penales que defienden los familiares de la niña, García Calderón es partidario de tomar decisiones que no sean "apresuradas" y que no estén "turbadas" por una realidad dramática como esa.

En cualquier caso, afirma que una de las cuestiones primordiales que tiene que considerar la Fiscalía es que la víctima es la "clave fundamental" para el desarrollo de su labor y que, por tanto, tiene que ser "atendida, escuchada y tenida en cuenta" para ver de qué manera tiene que evolucionar la legislación.

"La víctima es la que puede establecer cuál es el horizonte en la reforma penal, las víctimas no enseñan cuáles son las carencias del sistema, nos indican cuál es el camino que quizá debamos tomar", asegura García Calderón, al tiempo que ha apostillado que, no obstante, también habrá que valorar cada situación de una forma pormenorizada.

Cualquier debate sobre reformas penales, como la posible inclusión de la cadena perpetua, debería partir, a su juicio, de una "retórica adecuada", de forma que la sociedad pueda conocer "los perfiles del problema" y que, en definitiva, se abra un "debate multidisciplinar" para entre todos "alumbrar la solución más eficaz".

"Reformas de esta naturaleza requieren perfilar las dimensiones del problema, buscar todo caso de alternativas y provocar una disposición hacia la unanimidad", opina el fiscal Superior, quien no cree que el problema sea "tan fácil" como plantear una determinada reforma legal y llevarla al Parlamento.

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