Miguel Ángel del Arco. Juez y escritor

"Las macrocausas no son el capricho de un juez, las impone la corrupción"

  • La reciente sentencia del caso Alhambra devuelve al terreno de la controversia al que fue su juez instructor durante una década

  • Ya retirado, analiza la actualidad judicial con cierta perspectiva

Miguel Ángel del Arco se retiró en 2015 después de más de 40 años como juez. Miguel Ángel del Arco se retiró en 2015 después de más de 40 años como juez.

Miguel Ángel del Arco se retiró en 2015 después de más de 40 años como juez. / reportaje gráfico: carlos gil

Con atuendo de ciudadano común, ni arreglado ni informal, aún se distingue en él, en su mirada y en sus reflexiones, cierta estela del estrellato que el juez Del Arco desprendía con su toga, cuando por la mesa de aquel Juzgado de Instrucción 6 de Granada pasaron asuntos como el de los accesos a la Alhambra, la construcción del centro comercial Nevada o la venta del antiguo estadio de Los Cármenes.

-En este punto de su vida y con su experiencia ¿qué opina de las macrocausas? ¿Hay modo de evitarlas sin provocar otros perjuicios?

-Exigen un esfuerzo personal tremendo. Son complicadas, ingobernables y nuestras leyes procesales no sirven para ellas. No son casi nunca el capricho de un juez, que nada puede hacer sin una acusación. Las impone como una necesidad la corrupción; y por cierto, son más las sentencias condenatorias que las absolutorias. Ha habido macroprocesos que han hecho justicia para la historia: contra los militares argentinos, contra la Mafia en Palermo en 1980 o la operación Malaya, que acabó con ciertas prácticas que, de momento, parece que no han vuelto. A uno de sus artífices, Miguel Ángel Torres [juez instructor de la causa] le decía que en Granada no hubiese podido montar esa operación. Y son rentables para la sociedad que espera y para el Estado que recupera bienes. Pero hay que tener ganas y vergüenza profesional. Falcone y Borselino acabaron asesinados con bombas.

-¿Cree que la falta de medios para investigar en España es premeditada?

-Para algunos funcionarios es una coartada. La pobreza de la justicia es un problema de Estado de siempre. Interesa que seamos lentos. Que no tengamos capacidad de reacción… Gürtel, ERE, los cursillos de formación… Puede interesar que cuando investigas casos de corrupción de gobiernos que se han perpetuado en el poder, tardes en levantar las alfombras, que cuando las levantas, la podredumbre haya prescrito, que los discos duros hayan sido borrados; con la ayuda de los abogados cátedros, millonarios. Nuestros sistemas informáticos están obsoletos, no hay interconexión con las Comunidades Autónomas, ni tampoco con los de la Policía ni la Guardia Civil. Sin embargo, cuando interesa que la Justicia sea rápida, vuela… En el proceso de Cataluña: juez con dedicación plena al caso, letrados que ponen a la firma resoluciones redactadas, corregidas de estilo, peritos a granel, Policía, Guardia Civil… Toda la administración a tu servicio. Sería curioso ver el papel que haría el juez Llarena o cualquier magistrado del Constitucional, del Supremo en el lugar de un juez instructor del caso Alhambra en un juzgado saturado de pequeños procesos, o del pobre magistrado al que le ha tocado poner la sentencia, un caso imposible. ¡El ridículo que harían algunos encumbrados cargos compaginando sus funciones con éste y otros miuras! Pretender ser juez en este país, con sus limitaciones económicas, como en otras profesiones, es casi imposible. Muchas reformas para acortar plazos de instrucción, muchas garantías pero ninguna previsión para dotar a los juzgados.

-¿Tiene la impresión de que en el juicio del caso Alhambra también se evaluó su tarea como juez instructor?

-Siempre el instructor y las personas que de él dependen es la percha de los palos para justificarse. El juez instructor es la persona más controlada que existe. En el caso Alhambra me parece que no hay ni una sola petición de abogados defensores, de fiscal, de acusación particular, ni enmienda de la plana por la Audiencia Provincial para que se practicasen diligencias, para el impulso procesal a que están obligados todos. ¿Cómo lo iban hacer? Se perdían en miles de folios. Todo se dejaba para la panacea, en ocasiones, del juicio oral.

-Las condenas han sido de penas mínimas y las indemnizaciones pequeñas. ¿Cuál es su opinión?

- A veces la sentencia es un puro, formal, lógico y frío silogismo escolástico: hechos que se dan por probados, norma jurídica y fallo. Por eso no se puede hablar de penas mínimas, ni de una responsabilidad civil barata, ni de poca ejemplaridad.

-¿Cuáles son las claves para que el caso se retrasara tantos años? ¿Hubiera hecho ahora algo diferente?

-No hay derecho a que los acusados y la ciudadanía tengan que esperar más de diez años para celebrar un juicio. Y asumo mi responsabilidad. Me revientan los tertulianos que como un latiguillo recurren a que "la justicia lenta no es justicia de verdad"; ellos que alegan sin conocimientos, acusan y defienden sin pruebas, sin audiencia ni contradicción de los interesados y muchas veces al servicio de un poder mediático. Una cosa es dilatar por dilatar, por no trabajar, el ya tópico de falta de medios y otra la complejidad de la causa y las zancadillas que te ponen. El proceso nunca estuvo paralizado. Se dictaron más de 360 providencias judiciales, y cientos de autos, más de 500 declaraciones judiciales y policiales. Y cuando comenzó la instrucción la Alhambra estaba hundida. El BBVA nos engañó en el envío de documentación y nos hizo perder tres años de instrucción. En el proceso penal también hay víctimas del delito. Y si las partes en el proceso están en plano de igualdad habría que colocar los sufrimientos que el proceso criminal puede ocasionar tanto a la víctima como al acusado. ¿Puede una víctima de un delito pedir una compensación al Estado por la excesiva duración del proceso? La policía autonómica, con una labor excepcional, nunca estuvo adscrita a los juzgados. No existe Policía Judicial bajo la jurisdicción de los jueces; sus jefes me la quitaron cuando le parecieron preferentes sus necesidades de servicio.

-¿Los 14 meses para dictar sentencia son también una dilación indebida?

-Puede, pero no tanto como la instrucción.

-El fiscal dijo al final de este juicio: "no están todos los que son pero son todos los que están". ¿Qué falla habitualmente para poder procesar a todos los posibles responsables de los delitos?

-Desconocía esa expresión que responde a la realidad. Buen trabajo el del fiscal Luis Salcedo. Sí, tenían que haber estado más acusados en el juicio. Por mi parte, en un Estado de Derecho el instructor no puede sentar a nadie en el banquillo por su sola voluntad, hace falta una acusación. Había gente con tanta porquería que podría haber arrastrado a otros. Sí me ha sorprendido alguna absolución. Pero la libertad del fiscal, del acusador de la Junta, y de los dos magistrados y magistrada como tribunal colegiado fue la mía al instruir. Los hechos probados denotan que se cometieron delitos luego enmarcados en conductas penales; unos tipos aceptados y otros absueltos.

-¿La reducción de penas por dilaciones indebidas pueden alentar que las defensas ralenticen los procesos?

-Siempre hay dilaciones debidas a maniobras de algunos abogados y sus artillerías. Dilatar un proceso años y años, que se dicte la sentencia tardíamente es serenar un conflicto, apaciguar los ánimos, que el tiempo borre los hechos, que te canse la noticia judicial, conseguir la aplicación de una atenuante que disminuya considerablemente la pena para no visitar el centro penitenciario y … La minuta final. En la práctica la estrategia de determinados abogados se resume en desprestigiar al juez, recurrir sistemáticamente sus decisiones, dilatar el proceso y buscar resquicios formales para lograr la nulidad del proceso y absolver al reo. Todo ello ajustado a Derecho, claro. Pero ¿es justo? Como mínimo: no siempre. En el juicio de la Alhambra, como en cualquiera que se celebra a diario tiene un objetivo: tumbar como sea la instrucción; cargarse al instructor. Forma parte del espectáculo, incluso diría de la farsa. El proceso penal, en determinados casos, es pura violencia; se crea, se provoca tensión para defender o acusar. Se ha conseguido una sentencia benigna. Nadie ingresará en la cárcel. Hay que justificar las minutas, los cobros anticipados y las liquidaciones de honorarios.

-Usted fue también el instructor del caso Nevada. ¿Ha visitado ese "leviatán de hierro y cemento en plena Vega", como lo definía en sus autos? ¿Qué opina cuando lo ve en pie y sobre todo al saber que al final puede costar 166 millones a las arcas públicas?

-Sí lo visité. Cuando aparcaba me angustié pensando: "¿Cómo puedo venir yo aquí? Soy tonto". La obra impresiona, igual que el acabado, muy costeado, como dicen en mi pueblo. Comprendí que hice bien en paralizar la obra, me sentí bien con mi labor e invité a comer a quien me acompañaba. El pleito administrativo no lo conozco. Pero algo falla, algún responsable habrá. Como imaginaba la pregunta de usted he consultado antes al perito del caso, ingeniero y especialista mundial en el estudio de ciudades. [Saca un papel y lee] Esta es su respuesta: "Ya conoces mi opinión: es el más grande disparate urbanístico que se haya producido en la historia de Granada pero además es un delito, pleno de trampas y de engaños, claramente demostrados pero que los jueces no han querido ver. Y un partido prefiere pagar esa enorme cantidad para indemnizar -un dinero nuestro, claro- a reconocer responsabilidades de sus gobiernos municipal y autonómico. Ya sé que esto no lo puedes decir tú pero te autorizo a decir que lo digo yo. Estaría dispuesto a ir a la cárcel por ofensas a la justicia con tal de que hubiese revisión del caso".

-¿Cree que ha cambiado algo la sensibilidad colectiva sobre los desmanes urbanísticos o la corrupción respecto a hace algunos años, cuando usted era considerado una especie de cruzado contra este tipo de delitos?

-Mucho. La gente sale a la calle y saldrá más. Se necesita organizar la sociedad civil. Pero no es la misión del ciudadano hacer de juez, abogado o fiscal; la crítica a la justicia y al poder, como dice un amigo abogado, es "terreno minado". El ciudadano bastante tiene con llegar a final de mes e intentar hacerse un plan de pensiones conforme le aconsejan los comisionistas de la banca. Han entrado nuevos jueces y juezas. Hace quince años era impensable en esta ciudad la simple admisión de querellas contra algunos personajes; puede que algún día haya condenas.

-En este momento de su vida, qué balance hace de su etapa como juez. ¿Volvería a estudiar Derecho y a desarrollar la carrera judicial?

-Aunque haya trabajado he tenido mucha suerte en la vida. Creo que es un cúmulo de accidentes los que te llevan a comer de una profesión, que te llene o abrume. Empecé preparando notarías; se me tacha de "notario frustrado". Me sorprende que me llame "cruzado". Cuando repaso mis recortes de prensa a veces se me saltan las lágrimas de emoción en las soluciones conseguidas para los demás; otras me lleno de amargura y me pregunto ¿cómo he podido soportar esta lucha? Y luego, cuando me revuelvo en la cama se me escapa un "Dios mío" o un "Señor". Sí. Volvería a ser juez.

-¿Cree que la ciudad valora su aportación?

-Soy feliz en cualquier parte; aunque no sé idiomas. Era mejor cuando nadie me conocía. Tal vez el problema sea otro. Yo me pregunto: ¿Montesquieu se paró en Despeñaperros? La división de poderes y con ella la independencia judicial, creo que en parte no han llegado a Andalucía. La corrupción en los ayuntamientos, diputaciones, en la Junta, y en el sector privado, ha crecido incontroladamente en los 40 años de democracia hasta hacerse endémica, porque los tribunales no han ejercido toda la autoridad para proteger a los ciudadanos. La Fiscalía no ha acusado, ni el Tribunal Superior de Justicia ha juzgado a un solo aforado en cuatro décadas. El único cargo público relevante inhabilitado ha sido Jesús Gil como alcalde de Marbella, y porque intervino la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. La Audiencia Provincial de Granada, creo, no ha respondido suficientemente a la corrupción. ¿Hemos garantizado la igualdad ante la ley frente al entramado de intereses creados y tráfico de favores e influencias, los privilegios de señoritos, empresarios y políticos?

-En sus libros de memorias dibuja un sistema judicial podrido casi desde los cimientos. Es un mensaje delicado para la confianza del ciudadano... ¿Hay esperanza?

-Mis escritos tienen algo de ficción. Claro que hay esperanza. Jueces y juezas, muchachas y muchachos que en un estrecho cuarto se encierran en vida para preparar unas oposiciones, otros para servir a la sociedad; mis dos hijos, los de usted, los de la persona que está sentada en aquella mesa... Ya al final de la vida me transmite esperanza con efecto retroactivo un nieto que no llega al año. Provoco su risa y me hace pensar cómo se puede vulnerar el principio de igualdad, aceptar recomendaciones e incluso prevaricar. Tenemos que educarlos.

-¿Algo que manifestar en su derecho a la última palabra?

-Me ofrezco gratis para hacer crónica de tribunales (sonríe).

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