La falta de medios impide a pueblos castigar infracciones urbanísticas

  • Municipios admiten que la mayoría de los expedientes acaba sin sanción, de ahí que la Diputación preste su apoyo a través de una oficina comarcal

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Tres motivos han llevado a la Diputación de Granada a impulsar la primera oficina comarcal de disciplina urbanística en la comarca de Baza-Huéscar para hacer frente a las infracciones y poner orden en la política urbanística: en primer lugar, la escasez de medios humanos y materiales de la mayoría de los municipios del Altiplano de Granada; en segundo lugar, el volumen de expedientes a tramitar, mayor que en otras comarcas; y en último lugar, la existencia de una oficina de urbanismo ya en funcionamiento.

Los ayuntamientos de la comarca de Baza-Huéscar han hecho especial hincapié en la circunstancia de que la causa fundamental de la falta de incoación o culminación de los expedientes de orden urbanístico se debe a la escasez de medios municipales. Sólo en 2007, que es el año tomado como referencia por la Diputación de Granada, los 14 municipios de la comarca del Altiplano incoaron un total de 208 expedientes urbanísticos.

Con un denominador común, según consta en un informe interno del área de Obras y Servicios de la Diputación de Granada, "ninguno de los expedientes de disciplina urbanística ha concluido a excepción de algunos de escasa entidad".

De hecho, el informe institucional admite que la disciplina urbanística es uno de los principales escollos a los que se tiene que enfrentar la mayoría de los equipos de gobierno municipal en el ejercicio de sus competencias, sobre todo, "aquellos supuestos en los que la insuficiencia de medios humanos y técnicos impiden a los políticos asumir debidamente sus competencias".

La idea, respaldada el pasado martes en el pleno de la institución provincial, es que la oficina de Baza-Huéscar, junto con la del Valle de Lecrín situada en Dúrcal, sirva de experiencia piloto y sus resultados se extiendan al resto de las comarcas aunque antes de que se ponga en funcionamiento debe ser ratificada en los plenos municipales.

La diferencia respecto a las oficinas urbanísticas que ha abierto la Junta de Andalucía en algunas comarcas granadinas se encuentra en que estas últimas sólo abordan aspectos relacionados con la ordenación del territorio, en concreto el asesoramiento en las revisiones de los planes para que cumplan con las previsiones de vivienda protegida.

La fórmula más eficaz para que la Diputación coopere con los municipios en materia de disciplina urbanística es mediante una encomienda de gestión que no supone la cesión de la titularidad de las competencias sino la posibilidad de llevar a cabo la instrucción de los expedientes.

En concreto, los técnicos de la Diputación se encargarán de analizar los documentos de todas aquellas actuaciones que puedan suponer una infracción en materia de disciplina urbanística. Llevarán a cabo las actuaciones previas para determinar si concurren las circunstancias que justifiquen la iniciación de un procedimiento sancionador o, por el contrario, no procede abrir expediente. Incluso pueden proponer el instructor del procedimiento aunque no tendrán capacidad sancionadora, una potestad que mantiene el Ayuntamiento.

Todo ello estará debidamente establecido en unos protocolos de colaboración que fijarán las pautas de orientación política sobre cómo actuar en las labores de tramitación de expedientes de restauración de la legalidad urbanística perturbada.

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