El de la joven italiana Eluana ha sido el último caso pero la memoria no ha olvidado aún a Ramón Sampedro y a Inmaculada Echevarría, que cumplieron su deseo de morir y no prolongar más una situación vital insostenible.

Con cada noticia pública sobre la petición de una persona de finalizar con su vida, se reactivan los debates sobre la eutanasia. En Andalucía, lo más cercano al debate es la ley de la muerte digna, que pretende establecer los criterios y condiciones que el sistema sanitario deberá desarrollar para garantizar una atención adecuada durante el proceso final de la vida evitando el sufrimiento y respetando la dignidad y la libre decisión de cada uno.

En el proceso de elaboración de esa ley está implicado el experto en bioética Pablo Simón, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada. Además de ser vocal de la Comisión Andaluza de Ética, es uno de los diez miembros del grupo de trabajo constituido para la elaboración del proyecto de ley. Y Simón, frente a cualquier matización, considera que cada caso que se conoce sobre el deseo de las personas de terminar con situaciones agónicas es "una oportunidad para que la ciudadanía debata, piense y se posicione sobre estos temas. Yo, como proceso democrático, lo veo como una oportunidad y una riqueza", asegura.

El proyecto de ley ya está listo para su aprobación por el Consejo de Gobierno tras la incorporación de las alegaciones y después se tendrá que someter a discusión parlamentaria. La previsión de la propia consejera de Salud, María Jesús Montero, es que la ley pueda estar lista este mismo año.

"Ha habido muchas alegaciones y muy interesantes de asociaciones científicas, consumidores, de cuidados paliativos, medicina familiar y sindicatos médicos", comenta Simón.

En la base de esta ley está una ponencia realizada desde la Comisión de Ética en la que se analizaba todo lo relacionado con la muerte, sus consideraciones éticas, y se hacían recomendaciones a la Administración sobre la regulación.

Siempre, el principal escollo son los términos, pero los expertos han conseguido establecer cinco escenarios distintos a regular: eutanasia (evitando la duplicidad de términos eutanasia activa y pasiva porque esta última no es considerada como tal), limitación del esfuerzo terapéutico (retirar medidas de soporte vital que prolongan la vida biológica), rechazo del tratamiento, sedación paliativa y suspensión de la atención por fallecimiento. Además, se asegura que existe consenso entre la ciudadanía para las prácticas de cuidados paliativos, limitación del esfuerzo terapéutico y rechazo del tratamiento pero "no para aceptar éticamente las prácticas eutanásicas".

La ley garantizará el acceso a los cuidados paliativos y al tratamiento del dolor, establecerá el derecho de la atención sanitaria en el domicilio al final de la vida, prohibirá la obstinación terapéutica, actualizará la normativa que regula la voluntad vital anticipada y regulará la aplicación de la toma de decisiones. Sobre el testamento vital, "el proyecto incluye unas modificaciones a partir de las necesidades de la población ya que, por ejemplo, al tener que firmarlo en las delegaciones, hay problemas de accesibilidad, por lo que se intentará descentralizar más", informó el experto. Además, se trabajará sobre el propio documento, "que es mejorable y complejo", para intentar que sea más fácil de realizar y más claro.