El polémico apartado dedicado a la prostitución en la Ordenanza de la Convivencia que impulsa el gobierno local cerrará pronto uno de sus escollos principales: la cuantía de las sanciones municipales por practicar relaciones sexuales en la vía pública y, como consecuencia, el destino que se le dará al dinero recaudado.

Después de que la oposición socialista en el Ayuntamiento haya criticado el "afán recaudatorio" de los populares y de que exigiera la puesta en marcha de medidas y recursos para afrontar el problema de la prostitución de forma íntegra -desde dentro-, los populares han tomado una determinación: el dinero que se recaude se reinvertirá en obra social para las mujeres afectadas que demanden ayuda sanitaria, acercamiento familiar y planes contra la drogadicción, entre otras.

Según explica el concejal de Participación y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Moral, la Concejalía de Bienestar Social dirigida por Ana López Andújar se encargará de la ayuda social que se le prestará a las mujeres a través de los convenios firmados, entre otras entidades, con Cáritas y Cruz Roja, y del foro sobre la prostitución que la propia concejal ha impulsado.

Aunque aún no se han fijado las cuantías exactas por mantener relaciones sexuales en la vía pública, Moral recuerda que el borrador inicial, que finalmente fue apartado, preveía que las sanciones oscilarían entre los 750 y los 3.000 euros, tanto para las prostitutas como para los clientes, lo que da una idea de cómo serán las cuantías a fijar. Pero el concejal advierte que estas multas no afectarán sólo a las prostitutas y clientes, ya que se aplicarán a todo el que haga un uso indebido de la vía pública.

Moral explica que ante las demandas de los vecinos afectados de la Carretera de Jaén, que se han posicionado a favor de las sanciones para disuadir a los clientes, el municipio se ve obligado a actuar con carácter de urgencia. Así, en cuanto se celebre la próxima reunión de la comisión que gestiona la Ordenanza de la Convivencia, el equipo de gobierno llevará este asunto al pleno ordinario de abril para su aprobación inicial. Después se abrirá un plazo de exposición pública y más tarde será aprobado de forma definitiva.

Así las cosas, los populares quieren que estas medidas se apliquen antes de verano, para lo que se introducirán modificaciones en las ordenanzas fiscales.

La puesta en marcha de la iniciativa no supondrá que no se lleve a cabo una de las medidas más demandadas por los socialistas: el desarrollo de un estudio de diagnóstico sobre este fenómeno que determine las edades, nacionalidades, las causas y si existen mafias, entre otros aspectos. La realización de este estudio, según valora Moral, podría prolongarse "durante más de un año".