La apertura del vial Jaime García-Royo, una pequeña calle que, sin embargo, supone un importante eje de conexión de Los Pajaritos, podría estar terminada en dos meses aproximadamente, después de que el Ayuntamiento haya adjudicado a una empresa esta obra que ha costado varios años arrancar.

Actualmente este vial no tiene salida hacia Rector Marín Ocete porque se interpone un solar aledaño a la estación de Renfe que este organismo explota como aparcamiento público. Cuando el Ayuntamiento de Granada planificó la reforma de la Avenida de Constitución decidió expropiar ese suelo a la empresa estatal para abrir un vial que podría descongestionar mucho el tráfico, pues supone una conexión directa entre el barrio de Los Pajaritos y la calle Severo Ochoa, justo a la altura de la estación de tren.

Esta operación hubiera ayudado en los momentos de más tensión de tráfico cuando se acometían las obras de Constitución. Pero lo único que comenzó entonces fue un litigio entre el Ayuntamiento y Renfe, que llegó a los tribunales y que por el momento ha ganado el Ayuntamiento.

El último paso dado por la Gerencia de Urbanismo ha sido adjudicar a la Unión Temporal de Empresas EgoaGramesur las obras de apertura de este vial.

El plazo que se le ha otorgado es de dos meses para la conclusión de los trabajos de apertura de la calle, te tendrán un coste para el Ayuntamiento de 226.691 euros, 27.447 euros menos que los que se previeron en la oferta inicial.

El Ayuntamiento informó ayer de que esta actuación es "una antiguo demanda de los vecinos de Pajaritos".

El problema se le presenta ahora a Renfe, que tendrá que decidir la solución que le da a su aparcamiento, reubicarlo o hacerlo desaparecer, pues la zona que ocupará el vial es la que ocupa la mayor parte de las plazas de aparcamiento actualmente.

La empresa estatal recurrió a los tribunales el precio que el Ayuntamiento había fijado para compensarle por la expropiación. El municipio no había recogido una compensación por el cese del negocio que suponía la explotación del aparcamiento y únicamente tuvo en cuenta el valor de los terrenos.

Renfe, por su parte, exigía que el municipio incluyera esa indemnización. El anterior concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, llegó a acusar a Renfe de ejercer una actividad ilegal con la explotación de ese parking que no estaba regulado por el Ayuntamiento.