Los okupas de Jun tendrán que pagar una multa de 360 euros por un delito de usurpación

  • La conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y los abogados defensores han evitado la celebración de la vista oral

Las acusaciones y las defensas de los 22 acusados de ocupar ilegalmente diversas viviendas protegidas en la localidad granadina de Jun entre julio y octubre de 2005 acordaron ayer el pago de una multa de 360 euros para cada uno de ellos por un delito de usurpación.

La conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y los dieciséis abogados defensores de las familias acusadas han evitado la celebración de la vista oral, prevista para ayer en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada.

Este acuerdo previo ha hecho que los acusados sean absueltos de los delitos de daños y coacciones de los que inicialmente les acusaba el Ministerio Público y por los que había solicitado en sus conclusiones provisionales penas de hasta tres años y cinco meses de cárcel para los casos más graves, a quienes también se les imputaba un delito de falsificación de documento.

Asimismo, los 22 acusados que han comparecido ante la titular del juzgado -eran 24 pero dos de ellos se encuentran en situación de rebeldía-, deberán pagar un total de 17.107 euros en concepto de responsabilidad civil con cuantías que oscilan entre los 395 y los 2.208 euros por los daños causados en las viviendas durante el tiempo que se prolongó la ocupación.

No obstante, el abogado de uno de los acusados, Antonio Luis Sánchez Salas, explicó a los periodistas que la mayoría de los acusados son insolventes, por lo que se les ha ofrecido la posibilidad de afrontar el pago de la multa y de la responsabilidad civil de forma fraccionada.

La ocupación de las viviendas, ubicadas en la avenida de Granada de Jun, se inició a principios de julio de 2005 con la llegada de una primera familia que, según relata el escrito de acusación del Ministerio Público, "con ánimo de establecerse permanentemente" y "sin gozar de titulo legitimador alguno" accedió al piso.

Para ello, rompieron la cerradura de la puerta y, durante su estancia, manipularon y rompieron diversos efectos del mobiliario e instalaciones de la casa.

Además, simularon un contrato privado de compraventa, otro de arrendamiento y diversas facturas y recibos de alquiles, contratos y pagos que "nunca llegaron a existir" y que fueron presentados en el juzgado de Instrucción "para evitar el desalojo". A finales de ese mismo mes, otra familia ocupó ilegalmente otra de las viviendas del inmueble y actuó de igual modo con el objetivo de quedarse a vivir en ella.

El fiscal considera que, "enteradas" de las ocupaciones efectuadas por estos acusados, diversas personas decidieron "seguir el ejemplo de los mismos" e introducirse ilegalmente en las viviendas en el mes de octubre.

Así, entraron "por la fuerza" y causaron "los máximos daños posibles" en el interior de los pisos para que los propietarios "no fueran capaces de encontrar otros compradores y arrendatarios y se vieran así forzados a cederlas a los ocupantes".

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