Era el primer punto del día y, para variar, no hubo consenso. El equipo de gobierno socialista inició la comisión de Economía con la votación de las bases de ejecución del presupuesto que, finalmente, fueron sacadas del orden del día. Ante la falta de consenso, el concejal de Economía, Baldomero Oliver, decidió dar cuatro días de margen para que los grupos presenten alegaciones. Así podrán presentar sus propuestas hasta el viernes. Para Oliver este punto era muy importante pues "llegar un acuerdo en esto favorecería el debate de los presupuestos de 2018", destacó el edil que finalmente optó por anunciar una futura comisión extraordinaria para lograr el consenso para, a ser posible, llevar este punto al pleno de septiembre. Izquierda Unida y Ciudadanos habían anunciado su abstención mientras que PP y Vamos Granada aseguraron que su voto sería negativo. "Llevar este expediente a pleno con dos grupos votando en contra es igual a perder la posibilidad de presentar alegaciones", justificó Oliver para retirar este punto del orden del día.

También polémico fue el punto que tenía como objetivo el pago de la deuda financiera. El edil de Economía remarcó como, esta operación es imprescindible porque si no se afronta se derivarán responsabilidades. Finalmente tras un arduo debate en que el que salió a relucir, de nuevo, el "necesario" pago de la paga extra de 2012 a los funcionarios, este punto fue aprobado con los votos favorables de PSOE y Ciudadanos y las abstenciones de PP, Vamos Granada e IU. Oliver recordó que el pago de esta deuda en esta operación por valor superior a los 2,5 millones de euros evitará la apertura de procedimientos judiciales y el pago de intereses de demora.

No obstante, desde los sindicatos insisten en que se debe devolver a los trabajadores las cantidades adeudadas que superan los dos millones de euros. El equipo de Gobierno asegura que por el momento es imposible pues cuenta con un reparo del interventor que indica que la capital no cumple con las condiciones económicas para proceder al pago.

También en esta comisión, Oliver anunció un plan de pagos para acabar con la deuda que la capital mantiene con el Consorcio de Transportes Metropolitanos. Se ha llegado a un acuerdo para pagar progresivamente los 871.000 adeudados desde 2013. No obstante, la aprobación definitiva o no de estos puntos será en el pleno ordinario de septiembre.