Quizá el orgullo le ha pasado una mala jugada a Quique Pina. Su negativa a saldar una deuda de 382.000 euros con el empresario granadino Antonio Jiménez Zorrilla le puso en la diana del Grupo de Delitos Económicos de la Policía en el año 2013.

Despreció el trabajo de intermediación en la venta del Ciudad de Murcia al Granada 74 de Carlos Marsá en 2007, a pesar de que estaba obligado por sentencia firme del Tribunal Supremo. Y para evitar pasar por caja el expresidente del Granada CF no tuvo reparo en declararse insolvente, una decisión muy chocante para alguien que vivía rodeado de lujo.

Sólo cuando aquel acreedor y su abogado, José Enrique Rodríguez Zarza, presentó una querella en 2013 por posible delito de alzamiento de bienes (la Audiencia Nacional le imputa ahora supuesta insolvencia punible) y otras ampliaciones de querella posteriores, Pina se avino a pagar. Lo hizo a regañadientes y, según el propio abogado de Zorrilla, obligado por el italiano Gino Pozzo, su socio y por entonces dueño del Granada CF, cuando alguien le hizo llegar aquel informe de la Policía Nacional.

En ese documento policial que llegó al juzgado se hablaba de una de las empresas del italiano en Luxemburgo, de fondos procedentes de paraísos fiscales y de "otros empresarios de origen italiano".

Fue entonces, en mayo de 2014, cuando Pina pagó y Jiménez Zorrilla retiró la querella, tal y como había prometido. "Era el hombre más duro del mundo para pagar", según explica a este periódico el abogado Jiménez Zarza, quien después ha seguido pleiteando con Pina, en representación de otros clientes del Cádiz Club de Fútbol.

Pero aquel informe policial sobre los medios y modo de vida del exdirigente rojiblanco ya estaba escrito. El oficio dirigido al Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, que debió de dejar ojiplático a Pozzo previendo lo que le podía venir encima, está compuesto de 15 páginas que son demoledoras para la supuesta insolvencia de Pina, tal como se recoge literalmente en sus conclusiones: "De la participación del investigado en actos jurídicos se pude deducirse que ha obtenido grandes ingresos por la venta de sociedades, que ha contraído gran cantidad de deuda con entidades bancarias que ciertamente habrá sido avalada con garantías que el investigado o sus mercantiles sin duda habrán de poseer y que ha incrementado su patrimonio con la adquisición de propiedades a su nombre de mercantiles bajo su control".