El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santa Fe ha ordenado el embargo parcial de siete cuentas del Ayuntamiento de Otura (gobernado por el PP) por el impago de una deuda de 4.212 euros con la empresa Puertas Melero S.A., que la reclamaba por vía judicial desde febrero de 2009.

El auto, emitido el 17 de mayo, ordena la ejecución de una sentencia emitida por ese mismo juzgado dos meses antes, que estimó la demanda de la empresa y condenó al Ayuntamiento a satisfacer una deuda "que ya conocía con anterioridad" y que admitió en un pleno municipal.

Pese a saber que debía esa cantidad y que se la estaban reclamando (Puertas Melero lo hizo en tres ocasiones a lo largo del año 2008, según consta en la sentencia), el Ayuntamiento "persiste en su negativa al pago", lo que según el juzgado "forzó al acreedor" a asumir el gasto de una reclamación judicial y demuestra la "mala fe" de la institución municipal.

Esa circunstancia ha hecho que la factura le salga más cara al Ayuntamiento, puesto que la reclamación inicial era de 2.315,20 euros. Si se ha situado posteriormente en los citados 4.214 euros es porque se han añadido los intereses y el pago de las costas judiciales.

Contra la resolución del juzgado "no cabe recurso alguno", aunque sí se le daba al Ayuntamiento la posibilidad de abonar el dinero en un plazo de diez días, en cuyo caso el embargo quedaría automáticamente sin efecto.

Al Consistorio no le consta ni que existiera esa sentencia que le condenaba a pagar, ni el auto que ordenaba el embargo, ni si en los diez días transcurridos desde esa última resolución judicial se satisfizo la deuda, según manifestó ayer por medio de un portavoz.

Especificó que a día de ayer no constaba en el Ayuntamiento resolución alguna advirtiendo del auto que ordena el embargo, ni tampoco de que éste se hubiera llevado a cabo. No obstante, añadió que los servicios jurídicos municipales harán hoy gestiones para informarse más en profundidad sobre la situación.

El mismo portavoz agregó que la empresa que reclama el dinero adeuda a su vez al Ayuntamiento 85.000 euros por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles de cincuenta viviendas en la localidad. Lleva dos años sin pagarlo y ya se le ha requerido esa cantidad por la vía ejecutiva.

El grupo municipal del PSOE exigió al alcalde, Ignacio Fernández-Sanz, que explicara la situación y anunció que pedirá en pleno información para conocer cuál es la deuda total del Ayuntamiento con proveedores y empresarios.

Su secretaria local, Lydia Medina, hizo hincapié en que el propio juzgado ha establecido que el Ayuntamiento actuó "de mala fe" y entiende que el regidor debe explicarse cuanto antes "porque los vecinos tienen que conocer cómo es posible que su ayuntamiento no pueda hacer frente a esta deuda".

El alcalde replicó animando a los socialistas a defender "el interés municipal por encima del de un particular que nos adeuda 85.000 euros".