La ordenanza de la Convivencia sacará más policías locales a la calle

  • La aplicación de la normativa, que comenzará a partir de septiembre, implica que la Policía Local aumente el número de agentes que controlen las nuevas infracciones

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Después de 18 meses de trabajo el texto definitivo de la Ordenanza de la Convivencia está visto para sentencia. Tras su aprobación inicial en el próximo pleno y su proceso de exposición pública y alegaciones la nueva normativa municipal comenzará a aplicarse en la calle, a partir del mes de septiembre. Y no llegará sola. La aplicación de la ordenanza -una de las más amplias del Ayuntamiento- supondrá el incremento de la presencia policial en la calle.

El concejal de Participación Ciudadana, Eduardo Moral, principal artífice de este proyecto y responsable de la Policía Local granadina afirmó que el control para velar por el cumplimiento de los cinco capítulos de texto municipal supondrá una reestructuración de los efectivos. "Es algo que hacemos de manera periódica, pero este año, con mayor necesidad debido a la aplicación de la norma". El número de agentes que saldrán a la calle aún no está definido pero la idea es que "las bajas por la reducción de custodia y los policías de oficina comiencen a incorporarse a las tareas directas tanto de la ordenanza como a temas de tráfico", señaló Eduardo Moral.

El edil recordó que la ordenanza nace para regular la convivencia en la ciudad a través de cinco capítulos, entre los que se incluye un régimen de sanciones y deberes de comportamiento en la vía pública, referidos a la mendicidad, el ofrecimiento de servicios sexuales, la contaminación atmosférica, lumínica, acústica y por residuos y la tenencia de animales.

En este sentido, Moral detalló algunos ejemplos como que las pintadas en fachadas serán consideradas infracciones graves, con multas que oscilarán entre los 751 y 1.500 euros, mientras que si se realizan en monumentos se incurrirá en una infracción muy grave que conllevará una sanción de hasta 3.000 euros.

Por otra parte, concretó como infracción grave -penada hasta con 3.000 euros de multa- el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales a menos de 200 metros de las zonas residenciales, centros educativos, comerciales y empresariales. Si esta práctica se realiza fuera de este perímetro las multas serán leves y oscilarán entre 1 y 750 euros, tanto para los clientes como para los prostitutas, aunque en caso de estas últimas el dinero se destinará a programas sociales y a ellas se las reconducirá a los programas sociales que ya desarrolla el Consistorio.

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