Granada

El patrimonio de los investigados, retenido

  • La jueza mandó orden de prohibir la venta de propiedades a 21 Registros en España

Una veintena de Registros de la Propiedad de España, la mayoría de ellos en Andalucía, recibió el mismo día de la Operación Nazarí (el 13 de abril de 2016) una orden del Juzgado de Instrucción 2 de Granada para hacer anotaciones preventivas que impidieran la venta de las propiedades de los investigados. Al menos de las que le constaban en ese momento a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

El patrimonio inmobiliario de los investigados en el caso Nazarí era extenso, como ya desglosó la UDEF en un informe previo a las detenciones. Pero uno de los que más destacaba era el del entonces alcalde, José Torres Hurtado, con 15 propiedades inmobiliarias de un valor catastral (muy lejos del que hay en el mercado) de 600.000 euros. La Policía destacaba que algunas de esas casas no habían sido expuestas por Torres Hurtado en su declaración de bienes preceptiva por el cargo que ocupaba.

De los 21 Registros a los que el Juzgado remitió la orden el año pasado, 6 tenían que hacer constar esa prohibición de venta en propiedades del exalcalde: además de los de Granada capital, Iznalloz, Priego de Córdoba y Armilla.

En general, los Registros que han tenido que acatar la orden judicial para imposibilitar intentos de venta del patrimonio durante la investigación son cinco de Granada, seis en la provincia (Alcalá la Real, Motril, Almuñécar, Iznalloz, la Zubia y Armilla), cinco en Málaga (Fuengirola, Marbella y Torrox), tres en Sevilla, uno en Córdoba y otro en Albacete.

Aquel día las órdenes de la jueza abarcaron más ámbitos, como el de los bancos, a los que se envió mandamiento para informar de los productos bancarios que tenían en su poder los investigados. Pero en esta diligencia destaca el hecho de que se pidiera información también de los productos de muchos de los familiares de los detenidos, como las hijas y la esposa del alcalde, los hijos y el marido de la concejal Nieto o la esposa (que era una de las registradoras de la propiedad aludida por las órdenes anteriores) del exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente. En total, 39 personas sobre las que el Juzgado también requirió información a Hacienda y la Seguridad Social.

La investigación sobre las cajas de seguridad de los detenidos también dio como fruto la apertura de dos dispositivos de este tipo que correspondían a dos empresarios. A García Arrabal le hallaron más de 70.000 euros repartidos en diferentes sobres en su caja de seguridad, mientras que la caja de Enrique Legerén se encontró completamente vacía.

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